... por las guerras en Gaza y Sudán: dos millones de personas, en fase “catastrófica” de inseguridad alimentaria
Por Ana Puentes
Nunca el mundo había pasado tanta hambre. Por sexta vez consecutiva, elInforme mundial sobre las crisis alimentarias, cuya más reciente actualización ha sido publicada este viernes, certifica un recrudecimiento del panorama como consecuencia de los conflictos armados, el cambio climático y las crisis económica. Elaborado por la Red Global contra las crisis alimentarias, integrada por socios como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el informe alerta de que 295,3 millones de personas ―el equivalente al 86% de la población de EE UU― padecen inseguridad alimentaria aguda, que se produce cuando no hay suficiente disponibilidad y acceso a los alimentos.
Pero, además, en 2024 la cifra de personas en situación “catastrófica” alcanzó un nuevo récord: dos millones de personas —especialmente en Gaza, Sudán y Sudán del Sur— viven bajo el peor de todas las niveles de seguridad alimentaria que mide la Clasificación Integrada de las Fases (CIF), un “termómetro” internacional del acceso a alimentos. Cuando se llega a ese punto, la población necesita ayuda urgente e inmediata. Rein Paulsen, director de Emergencias y Resiliencia de la FAO, teme por lo que venga para 2025. “Una de nuestras mayores preocupaciones es nuestra capacidad de responder con intervenciones futuras. Es probable que se produzca una disminución significativa ―de entre el 11% y el 45%― para intervenciones en seguridad alimentaria”, alerta Paulsen.
El informe de crisis alimentarias se publica desde 2016 y monitorea la situación en países con factores de riesgo. Los datos de este año apuntan a que 13,7 millones de personas más enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria, con respecto a las cifras de 2023. El incremento ―de un 5%― se debe, por una parte, a los cambios en cobertura geográfica de este informe, en el que se estudió la situación de 53 países. De los 34 países que tienen datos comparables con la situación en 2023, 19 registraron una situación peor, como fue el caso de Namibia, Chad, Zimbabue, Sudán y Palestina.
La principal causa de inseguridad alimentaria en 20 de los países y regiones analizadas ―como Haití, Líbano, Myanmar, Nigeria, Gaza y Sudán― fueron los conflictos y la violencia. En 18 países, fue el clima extremo. Y en otros 15 ―como Yemen, Afganistán, Siria y Sudán del Sur―, la situación económica.
2024 fue crítico. En julio de ese año se confirmó por tercera vez en la historia que un país ―Sudán― pasaba hambre, una declaratoria que solo puede hacer el Comité de Revisión de la Hambruna de la CIF. También fue el año en que más población cayó en la peor fase de la CIF, que establece cinco niveles de inseguridad alimentaria: mínima, acentuada, crisis, emergencia y catástrofe. El número de personas en fase V o catástrofe se duplicó con respecto a 2023 hasta llegar a casi dos millones. El 95% de esas personas están en la franja de Gaza y en Sudán. Esta falta extrema de alimentación también la padecen personas en Sudán del Sur, Haití y Malí.
El año pasado, además, el Comité de Revisión de la Hambruna proyectó que la confirmación de hambruna era inminente en Gaza, azotada por la invasión israelí desde octubre de 2023 y por un recrudecimiento de la violencia desde que se levantó el efímero alto al fuego en marzo pasado. Pero, los datos de junio de 2024, influenciados por el ingreso de mayores suministros y ayuda humanitaria en ese momento, no fueron suficientes para que el comité la decretara, explica el reporte de la FAO.
2025 tampoco trae buenas noticias
No obstante, el panorama en 2025 hace temer lo peor. El informe alerta de que el bloqueo que sufre la Franja desde el fin del alto al fuego agravará la situación: “Incluso en un escenario optimista de crecimiento de dos dígitos y ayuda exterior sustancial, se prevé que la recuperación de los medios de vida tardará décadas en volver a los niveles anteriores a octubre de 2023″.
El informe de la FAO también advierte de que la intensificación de conflictos armados y de la inseguridad en la República Democrática del Congo, Haití, Sudán y Sudán del Sur complicarán el acceso a alimentos. También se prevé que las crisis económicas resurjan como el principal causante de la inseguridad alimentaria aguda por la incertidumbre en la economía global. “El alza de aranceles y un dólar estadounidense más débil podrían encarecer los alimentos a nivel global y afectar las cadenas de suministro, reduciendo el acceso a alimentos en países dependientes de importaciones”, alerta el documento. A su vez, el calentamiento global agravará las sequías en Etiopía, Kenia, Somalia, Afganistán y Pakistán y, en consecuencia, podría haber afectaciones a los cultivos.
Está claro que habrá menos financiación en 2025 que en 2024: exactamente lo contrario de lo que necesitamos con estas tendencias de inseguridad alimentaria aguda
Rein Paulsen, director de Emergencias y Resiliencia de la FAO
Para rematar, los recortes en ayuda humanitaria y en proyectos de cooperación, protagonizados por el inicio de la presidencia de Donald Trump también le pasarán factura a la seguridad alimentaria del Sur Global. Entre 2016 y 2024, la mitad de los fondos humanitarios para alimentación han venido de EE UU. El informe alerta de que el recorte abrupto de fondos a principios de este año han llevado a cierres o interrupciones de operaciones humanitarias en países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Haití, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. “Es exactamente lo contrario a lo que necesitamos con estas tendencias de inseguridad alimentaria aguda”, lamenta el director de Emergencias de la FAO.
Uno de los desafíos de la financiación de ayuda humanitaria y para el desarrollo, explica Paulsen, es conseguir combinar distintos tipos de fondos para todo tipo de proyectos, no solo los de atención cuando la crisis alimentaria ya ha ocurrido. “Por ejemplo”, cita el experto, “alrededor del 80% de las personas en situación de inseguridad alimentaria aguda viven en zonas rurales y, de alguna forma, están conectados a la agricultura para sobrevivir. Pero solo el 3% de la financiación global para intervenciones de seguridad alimentaria se destina a proyectos agrícolas de emergencia o a entrega de semillas y herramientas para el campo”. Paulsen explica que potenciar proyectos agrícolas de emergencia es altamente rentable: son intervenciones cuatro veces más baratas y mucho más efectivas en resultados. Estrategias como esta han sido implementadas en Afganistán, por ejemplo, y lo han convertido en uno de los 15 países que ha presentado mejoras en sus índices de seguridad alimentaria con respecto a 2023.
Pero los recortes no solo afectarán a los proyectos en terreno, sino también a algunas tareas de evaluación y análisis como la recolección de datos de seguridad alimentaria y estatus nutricional. “Tendremos que ser muy eficaces para obtener una ‘instantánea’ de la seguridad alimentaria con los recursos que dispongamos”, reconoce Paulsen. Salvo que cambien las tendencias del inicio de 2025, faltará dinero para aliviar el hambre y ojos para ver dónde hay un plato vacío.
Más de 37 millones de niños en crisis nutricional
Una de las novedades del Informe mundial sobre crisis alimentarias es que, por primera vez, identifica 26 territorios que sufren de crisis nutricionales, una situación en la que la falta de alimentos y otras carencias llevan a altos niveles de malnutrición aguda en niños menores de cinco años. Unicef, el socio encargado de investigar esta área, alerta de que 37,7 millones de niños tienen desnutrición aguda en el mundo y que los casos más graves están en Malí, Palestina, Sudán, Yemen, entre otros países.
El problema, resalta el informe, es que en 2024 factores como el conflicto armado, el desplazamiento forzado y los desastres afectaron la llegada de ayudas para atender las crisis nutricionales y, además, fueron caldo de cultivo para nuevos factores de riesgo. Las inundaciones, por citar un ejemplo, agravaron la crisis sanitaria en campamentos de refugiados en Sudán, Sudán del Sur y Chad, donde, incluso, hubo brotes de cólera.
Tampoco hubo suficiente dinero para la financiación humanitaria. En 2024, solo se cubrió el 51% de las necesidades en nutrición.
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Vivir junto al narcoestado
Por Pedro Miguel
Legales o perseguidas, las drogas han sido y siguen siendo un componente sustancial de la política, la economía y la vida social de Estados Unidos. En torno a ellas se han construido y destruido emporios empresariales, instituciones de gobierno, lineamientos de política exterior y valores y antivalores morales. La conflictiva relación del puritanismo protestante con el alcohol ha dado lugar a fenómenos de criminalidad, lo mismo que a grandes fortunas lícitas e ilícitas.
Tomando la prohibición de bebidas fermentadas como una oportunidad de negocio, John Stith Pemberton creó en 1884 la Coca-Cola, que contenía cocaína. Junto a otras potencias coloniales, Washington se benefició de la producción y el comercio de opio en China. En Estados Unidos, los grupos delictivos italianos adquirieron la dimensión de organizaciones trasnacionales que lucraron, en primer lugar, con el tráfico de cocaína y heroína, una vez que estas sustancias pasaron de la lista de medicamentos comerciales a la de las sustancias prohibidas.
En la Segunda Guerra Mundial, los mandos militares estadunidenses pactaron con las mafias para facilitar el desembarco en el sur de Italia. Durante la intervención en Vietnam, el opio y la heroína solían llegar a territorio de la superpotencia en aviones del Pentágono y esa guerra trasladó la epidemia de adicciones desde los soldados destacados en el frente asiático hacia las ciudades estadunidenses; hay quienes sostienen que el gobierno impulsó en forma clandestina el uso de drogas para desarticular las comunidades negras y sus luchas a favor de los derechos civiles.
El culto a los alucinógenos y las corrientes de “contracultura” de los años 60 fueron productos de exportación típicamente estadunidense. En décadas posteriores, la CIA y militares como Oliver North se las ingeniaron para financiar a la contrarrevolución nicaragüense mediante envíos de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos a través de México. El cultivo de la amapola, que hacia 2001 había sido prácticamente erradicado en Afganistán por el régimen de los Talibán, volvió a florecer como consecuencia de la invasión estadunidense a ese país.
La epidemia de adicciones que hoy afecta a la sociedad estadunidense comenzó con las políticas de marketing de empresas farmacéuticas como Purdue Pharma y otras que inundaron al país con opioides supuestamente inofensivos. Y cómo olvidar que entre 2006 y 2010 la oficina de Washington de control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) facilitó el suministro de fusiles de asalto para el narco mediante los operativos conocidos como Receptor abierto y Rápido y furioso, o que entre 2009 y 2011, la DEA, mientras denunciaba a terceros por lavar dinero de los cárteles mexicanos, hacía lo propio con el de Sinaloa.
Más allá de la manifiesta y recurrente participación de las instituciones políticas y del ámbito empresarial de Estados Unidos en la producción y el tráfico de enervantes, tales actividades generan ganancias astronómicas en los circuitos financieros de ese país. En años recientes, Citigroup, Western Union, American Express y otros consorcios bancarios estadunidenses han pagado sin chistar multas por decenas de millones de dólares cada una por ayudar al blanqueo de dineros procedentes del narcotráfico y de otros giros delictivos.
Vivir junto... (2 y fin)
Por lo demás, no es ningún secreto que Estados Unidos es el mayor mercado del mundo para las drogas de todas clases. Sería interesante saber cuánto dinero aportan la fabricación, el mayoreo, el menudeo y el consumo de esas sustancias al producto interno bruto del país vecino. Seguramente, no es una cifra despreciable.
Por si algo faltara, la hipócritamente llamada “guerra contra las drogas” ha sido y sigue siendo un instrumento inapreciable para el injerencismo que caracteriza desde siempre la política exterior de Estados Unidos; en nombre del combate a los grupos delictivos extranjeros, Washington ha sometido a sus designios a gobiernos –como lo hizo con el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida– y los ha obligado a comprar a proveedores estadunidenses o israelíes sumas astronómicas de material bélico, policial y de espionaje, así como servicios y asesorías de seguridad, mientras sus industrias de armas surten a esas organizaciones a las que los gobiernos estadunidenses dicen combatir.
Este marco general resulta ineludible a la hora de analizar los más recientes amagos y operativos de Washington contra México, como el de incluir a los cárteles en sus listas de “terroristas”, filtrar supuestas listas de funcionarios mexicanos sospechosos de complicidad con el narco, negociar y pactar impunidades con indiciados que fueron entregados en extradición por nuestro gobierno o, lo más reciente, atribuirse el crédito por un operativo contra laboratorios de narcolaboratorios en Sinaloa que en realidad fue realizado por la Fiscalía General de la República. Para el narcoestado que es Estados Unidos, todo se vale.
https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/05/16/opinion/vivir-junto-al-narcoestado
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