Por Luis Gutiérrez Urdaneta y Julio Carranza Valdés
“Si cierras la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará afuera.”
Rabindranath Tagore
Introducción
Hemos publicado varios textos referidos a uno de los problemas más críticos de la actual situación de la economía cubana: la alta y creciente inflación (Carranza Valdés & Gutiérrez Urdaneta, Cuba y economía, 2021) (Carranza Valdés & Gutiérrez Urdaneta, Segunda cita, 2021) (Gutiérrez Urdaneta & Carranza Valdés, Cuba y economía, 2021).
Ya en septiembre de 2021 los niveles de inflación percibidos eran alarmantes. A principios de octubre de 2021 expresábamos la preocupación de que esta pendía sobre la economía y la sociedad como una peligrosa espada de Damocles debido a sus consecuencias sociales y políticas. De aquel momento a hoy la situación se ha agudizado.
La alta inflación es un fenómeno complejo y puede ser resultado de una diversidad de factores: unos externos y otros derivados de políticas internas. En general se trata de serios desbalances entre la oferta y la demanda existentes en el mercado nacional y que dan lugar a una subida generalizada de precios.
Según la Oficina Nacional de Estadística e Información el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación acumulada de 77,33% en 2021 (ONEI, Índice de precios al consumidor. Diciembre 2021, 2022). Sin embargo, la percepción de la población, de funcionarios del gobierno y de varios académicos es que esta cifra subvalora los incrementos de precios de las mercancías transadas en segmentos de mercados (Rodríguez J. , enero 2022) (Figueredo Reinaldo, García Acosta, Izquierdo Ferrer, & Pérez, 2021)[1]. El aumento de los precios minoristas ha provocado un marcado deterioro del valor real de las pensiones, salarios y otras prestaciones fijas, afectando sobre todo en las personas con menores niveles de ingreso.
Reconociendo tácitamente los riesgos que implica este problema, el gobierno ha declarado que su enfrentamiento es una de las prioridades de la política nacional. Sin embargo, a juzgar por las decisiones que se han ido tomando, opinamos que no se ha realizado un abordaje integral de este asunto, para lo cual se necesita, creemos nosotros, una comprensión abarcadora de todas sus causas.
Los desbalances presentes no son sólo el resultado, aunque también, de una oferta contraída que no se expande suficientemente o por el aumento del costo de las importaciones y del aumento de los costos empresariales a que dio lugar la devaluación de la tasa de cambio que para las empresas estatales significó la tarea de ordenamiento monetario, sino que también son las consecuencias de medidas que han incrementado notablemente la demanda debido a los diversos incrementos de ingresos derivados de las medidas de incentivación productiva y “compensatorias” que han acompañado al “ordenamiento” que comenzó a implementarse en enero de 2021.
La economía cubana se mantiene bajo fuertes presiones externas provocadas por el bloqueo de los EEUU y las medidas adicionales que en los últimos años lo han reforzado, a lo que se han sumado el notable impacto de la prolongada pandemia de COVID 19 y los vaivenes de la economía internacional combinados con una tardía, no bien articulada e incompleta reforma económica.
Adelantamos una conclusión que intentaremos fundamentar en las páginas que siguen: en las actuales condiciones de Cuba debe ser cuidadosamente observada una expansión excesiva de la demanda pues no existe o es sumamente débil un “factor multiplicador” productivo con capacidad de reacción automática a estos estímulos, como suponen las políticas keynesianas convencionales. En estas circunstancias, la respuesta es fundamentalmente inflacionaria, no productiva, como muestran las evidencias. La correspondencia entre el incremento de la demanda y los aumentos de la oferta (producción e importaciones) debe ser una regla de oro de la política económica. La transformación de la respuesta productiva dependerá también, en gran medida, del completamiento de una reforma económica aún insuficiente. Con alta inflación, la supuesta mejoría en las condiciones de vida de las personas por el aumento de sus ingresos sería sólo una imagen temporal, pues en la práctica, la subida de precios anula parcialmente su efecto para unos grupos, y lo que es peor, deteriora los ingresos reales de los más vulnerables.
Por lo general, las intervenciones públicas de funcionarios del gobierno se han concentrado en el aumento de la oferta para la reducción de los niveles de precios (Rodríguez J. , enero 2022). Aun cuando se haga lo necesario en este sentido, se trata de un proceso al menos de mediano plazo y no será efectivo en mayor amplitud hasta tanto no se establezcan determinadas condiciones:
· Mayor descentralización y autogestión de la empresa estatal con el tránsito a una planificación más financiera y estratégica y no burocrática y administrativa.
· Mejores condiciones para el funcionamiento del sector no estatal (cooperativo y privado) de pequeñas y medianas empresas, y sus eslabonamientos con el sector estatal. Ello supone mercados mayoristas para insumos, mercados de medios de producción, mercado de divisas, acceso al comercio exterior, políticas crediticias, etc., sin olvidar las necesarias políticas de protección de los derechos de los trabajadores empleados en ellas.
· El desarrollo de mercados competitivos, allí donde fuere la estructura más eficiente, y de regulación en los mercados altamente concentrados. Como se ha evidenciado empíricamente, el determinante de la eficiencia productiva es la estructura del mercado y no la propiedad per se (Gutiérrez Urdaneta, El ajuste del estado empresario en América Latina, 1997).
· Transformación integral del subsistema de producción agropecuaria.
· Cambios en la política inversionista, que permitan la reproducción ampliada de sectores de manera proporcional para, en el mediano y largo plazo, sustituir importaciones, además de liberar divisas para adquisiciones esenciales en esta coyuntura como son fundamentalmente alimentos, medicinas y medios de producción para el sector agropecuario e industrial, entre otros, así como generar nuevas exportaciones y fortalecer aquellas de sectores tradicionales, todo a partir de políticas industriales integrales.[2]
El análisis del lado de la demanda ha estado prácticamente ausente y es, en nuestra opinión, una dimensión esencial para actuar con acierto sobre la actual espiral inflacionaria. Como un aumento notable de la oferta no ocurrirá súbitamente ni de un “gran salto” debido las limitaciones materiales y de divisas y por las propias deficiencias del aparato productivo e institucional, se hace necesario tratar de identificar otras causas del actual proceso inflacionario, como condición necesaria para el diseño de políticas anti inflacionarias que rebasen, aunque también incluyan, el enfoque productivo. O sea, considerar tanto lo que se debe hacer por el lado de la oferta (completar la reforma esencialmente), como por el lado de la demanda (evitar su expansión arbitraria con incrementos inorgánicos de los diferentes tipos de ingresos).
En este texto aportamos a una estrategia integral que incluye considerar los problemas de oferta, los problemas de demanda – hasta ahora menos reconocidos en el debate y las políticas en curso, - así como a la importancia de una política monetaria y cambiaria activas.
En el texto mayor nos auxiliamos del modelo de oferta y demanda agregadas para intentar explicar cualitativamente los determinantes de la inflación en Cuba durante el año 2021[3], en esta versión no incluimos los cuadros y gráficos correspondientes.
Aunque no disponemos de toda la información, de acuerdo a algunas cifras y a la percepción de los autores, los principales determinantes de la expansión de la demanda podrían haber sido:
- Déficit fiscal estimado de 69 mil 437 millones de pesos debido entre otras causas, a los gastos derivados de la pandemia, el respaldo a las garantías salariales por interrupciones laborales, la adquisición de medicamentos y materiales afines y la necesaria transformación de barrios y comunidades (Bolaños Weiss, 2021). Además, el presupuesto absorbió el incremento de precios y transportaciones internacionales de productos ya subsidiados, además de otras rebajas de precios centralizados.
- La distribución de utilidades trimestrales en empresas se amplía del 30% hasta el 50% de la utilidad después de impuestos menos el aporte por el rendimiento de la inversión estatal o dividendos y otras minoraciones, sin límite de salarios medios, luego de las minoraciones establecidas en la ley (MFP Resolución 393/2021, 2021). El tipo impositivo aplicado es de sólo el 5%. La propia distribución de utilidades, ante mercados imperfectos y deficiencias en el control, puede haber sido un incentivo adicional para la subida indiscriminada de precios mayoristas y minoristas. No parece que el reparto de utilidades haya redundado, sobre todo en los sectores con precios no regulados, en un aumento de la productividad en términos reales, (Reyes García, 2022).
- El crecimiento de la inflación puede haber aumentado además la velocidad de rotación del dinero.
Políticas institucionales necesarias para incrementar la producción potencial
En los últimos años se han adoptado diversas medidas para incrementar la producción, o lo que es igual, a aumentar el nivel de producción potencial de la economía. Sin embargo, son necesarias acciones adicionales a nivel institucional. Entre muchas, y sin pretender ser exhaustivos:
· Es necesario profundizar en la división de las funciones de gobierno y empresariales. Hoy existe una mezcla inconveniente. Los ministerios en la práctica dirigen muchas OSDEs y empresas.
Los ministerios deben, en la medida de que la planificación sea menos administrativa, evolucionar hacia el trazado de políticas y no a la intromisión directa en las actividades productivas y de servicios. La existencia de las llamadas OSDEs debe ser sujeta a revisión: evaluar la eliminación de las que no se justifiquen y cambiar su enfoque a la coordinación y la planificación estratégica de aquellas que se consideren eficientes.
De la experiencia exitosa de Biocubafarma deben extraerse lecciones. Existen además en Cuba entidades relacionadas con la inversión extranjera, que en la práctica funcionan como OSDEs: el Grupo Habanos y la División Cuba de Sol Meliá. Estas compañías dirigen complejas estructuras, pero sus dependencias tienen libertad de actuación: se centralizan sólo parte de los procesos en la que la centralización es más eficiente, pero tanto las compañías en el exterior como los hoteles en administración tienen autonomía de gestión corriente[4].
La reforma el sector de empresas estatales debe considerar un diagnóstico del llamado conflicto principal-agente (por ejemplo, el pueblo como principal y los directores de empresas públicas como agentes), incluyendo el papel de las Juntas de Gobierno, de las OSDEs – aquellas cuya permanencia se justifique - de los ministerios y del resto de las instituciones que seleccionan y controlan a los agentes en cada nivel. En las empresas estatales ocurre una dispersión extrema de los derechos de propiedad y el conflicto principal-agente se puede hacer más agudo por la separación del propietario y el administrador[5]. Si no se aborda este conflicto a profundidad en el diseño de acciones que minimicen la desviación entre los objetivos del principal y del agente, las medidas ya tomadas para “fortalecer la empresa estatal” pueden ser insuficientes. La escasa innovación y aplicación de la ciencia en muchas empresas estatales, el formal “cumplimiento de tareas”, la indisciplina laboral y tecnológica, y la falta de iniciativas productivas son un reflejo de que ese conflicto está lejos de ser resuelto.
· Cuba necesita instituciones modernas y eficientes como correo, bancos, organizaciones de abogados y seguros, entre otras, que faciliten los procesos productivos.[6]
· Se necesita una redistribución de lo existente y la asignación diferenciada en futuras inversiones de medios de transporte y comunicación, computadoras, mobiliario y otros medios en favor de unidades productivas básicas y entidades presupuestadas a nivel local, que frecuentemente carecen de condiciones elementales de trabajo. Esta redistribución de medios (también de fuerza de trabajo técnica) así como la capacitación de personal son claves para el éxito de la descentralización de los presupuestos a las localidades. Existe una dotación relativamente excesiva de estos medios en organismos centrales, OSDEs y grandes empresas nacionales.[7]
· En la sustitución de importaciones falta un enorme camino por recorrer: se necesitan políticas industriales articuladas entre sectores de la economía, que rebasen la concepción de unidades ensambladoras (como, por ejemplo, la fábrica de paneles fotovoltaicos de Pinar del Río) y se establezcan eslabonamientos productivos hacia delante y hacia detrás.
o Las experiencias exitosas de la producción de las vacunas cubanas y los equipos médicos deben ser estudiadas y generalizadas como buenas prácticas.
o Reactivación institucional del movimiento de innovadores y racionalizadores y de los Fórums de Ciencia y Técnica y búsqueda de nuevos mecanismos e incentivos para la introducción de los logros técnicos-científicos en la producción.
o Revaluación de los contratos de administración hoteleras con compañías extranjeras. Cuba posee personal de altísima calificación y cuenta con experiencia. Podría estudiarse, por ejemplo, la creación de contratos de asociación internacional entre empresas de administración cubanas y empresas hoteleras extranjeras radicadas en Cuba o de nuevas candidatas, que den lugar a una entidad nueva, como paso estratégico para la creación de marcas de administración propia (D’meza Pérez, Zaldívar Puig, & Martín Fernández, 2015).
· Identificación de más producciones y servicios intensivos en conocimiento para la exportación a la vez que se fortalecen las exportaciones tradicionales y de nuevos productos.
· La participación directa de los trabajadores y de las comunidades en la dirección y la elección de los cargos directivos de las empresas e instituciones estatales debe dar un salto de calidad. Ante la inercia y burocracia de ejecutivos, la remoción no puede sólo venir de “arriba”. Las Juntas de Gobierno deben jugar un papel activo en la proyección estratégica y en el análisis de los resultados y debieran participar representantes de los trabajadores, de los clientes y de las comunidades. Las ciencias sociales, en particular la psicología social, disponen de herramientas para enfrentar el reto de democratizar la gestión empresarial, y que la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales sea tangible para los ciudadanos.[8]
· Es necesario revaluar en las empresas estatales el monto de los capitales de trabajo con que operan. Un cálculo correcto de los flujos de caja y del capital de trabajo tendría varios efectos positivos: reducción de la cadena de impagos y la imposición de “restricciones financieras más fuertes”. El crédito debe jugar un papel más activo en la provisión de fondos financieros tanto para operaciones corrientes como para inversiones. Las Juntas de Gobierno deben revisar anualmente los flujos de caja proyectados e históricos para determinar excesos de fondos o insuficiencias, así como las acciones a tomar.
· Debe revaluarse la composición sectorial de las inversiones futuras en función de un plan estratégico a largo plazo (Figura 1).
o Deben tenerse también en cuenta inversiones (y las inducidas correspondientes) con alta relación trabajo/capital para asumir a trabajadores hoy subempleados en empresas estatales o sin vínculo laboral.[9] Esta política es central para que todos los individuos tengan un empleo digno y productivo. Esto es además un enorme reto socio-cultural: el pico, la pala y la coa en determinadas condiciones son una necesidad ante la falta de capital para adquirir equipos o repuestos[10].
o En el caso de la agricultura, la pesca y la industria azucareras se requieren no sólo medidas económicas, sino que se integren en programa multidisciplinario, que incorpore ciencias técnicas y otras sociales[11].
o Deben analizarse a profundidad las fallas del proceso de inversiones en Cuba, repasando todas las etapas, desde los estudios de factibilidad, las importaciones hasta la construcción y el montaje y los estudios de post-inversión. No basta con asignar más recursos a determinados sectores, sea el turismo o la agricultura, uno de los problemas es el cuánto: la asignación de los escasos recursos debe garantizar la proporcionalidad entre sectores que maximice el producto en un horizonte de tiempo[12].
Figura 1. Promedio de 2016 a 2020 de las inversiones por clases de actividad económica (ONEI, Inversiones. Indicadores Seleccionados, 2022)
· Con relación a los precios, deben:
o Rectificarse precios muy elevados en ciertas empresas estatales a partir de análisis específicos, así como corregir errores en la formación.
o Ser revisadas las metodologías, para actualizar las necesarias tasas “sombra” de retorno de la inversión por actividades económicas.
o Efectuarse auditorías de precios, sobre todo y tanto en empresas con abultadas utilidades como con pérdidas (Gutiérrez Urdaneta & Carranza Valdés, Cuba y economía, 2021).
o Los precios de los productos agrícolas deben ser revisados al detalle, en especial los factores que inciden en su formación. La agricultura es de las actividades con más empresas irrentables y con más impacto negativo en el saldo. (Bustamante Molina, 2021)
o Evaluar la asignación de subsidios a determinadas producciones agrícolas, cuando la evaluación social sea positiva, o cuando existan monopolios naturales, como la electricidad (Barrantes Cáceres, 2018).[13]
· El estudio de cada uno de los mercados es indispensable para diseñar las acciones regulatorias a tomar cuando éstas sean necesarias, como la fijación central de precios sobre productos fundamentales o en coyunturas críticas, división en partes de grandes empresas, la eliminación de monopolios, la descentralización, la remoción de barreras y rigideces y la creación de mercados competitivos donde sea conveniente[14], entre otras (Gutiérrez Urdaneta & Carranza Valdés, Cuba y economía, 2021). La concurrencia de proveedores y las licitaciones deben ser mecanismos regulares para la contratación de bienes y servicios provenientes de cualquier sector.
La colusión (acuerdo) de oferentes para fijar precios y cantidades, y la discriminación de productores y clientes en función del tipo de propiedad, territorio y tamaño, entre otros factores, deben ser prohibidas y penalizadas.
· Debe reforzarse el apoyo institucional el desarrollo de las MIPYMEs, fundamentalmente cooperativas y privadas, también estatales y la promoción de los encadenamientos entre ellas y con el sector estatal. Un tipo de alianza poco explorado y que debe ser muy importante es la asociación económica entre entidades estatales locales y el sector privado, formando contratos de asociación o empresas mixtas. El sector estatal puede brindar instalaciones, mercado y tecnología y el privado el know-howen actividades como la producción de calzado y ropa, y materiales de producción, alimentos, entre otras.[15]
No obstante, en las relaciones entre el sector estatal y el resto de los sectores se pueden generar conflictos y es necesario reducir al máximo que los resultados de la tasa de cambio informal (paralela, como veremos más adelante) y de la poca concurrencia den lugar a precios de compra irracionales para el sector estatal. Una medida podría ser la solicitud y discusión de fichas de costos a los proveedores por parte de las instituciones del estado para operaciones por encima de determinado monto, que podrían ser revisadas y auditadas.
· Es necesario dinamizar las operaciones de comercio exterior, eliminando intermediarios innecesarios y profundizar en la descentralización tanto para el sector estatal como para el cooperativo y el privado.
· El control a las regulaciones y políticas debe ser modificado radicalmente, y pasar de las “campañas” a la sistematicidad. Esta falla fue evidente a principios de 2021 con los controles de precios topados[16].
Recientemente se aprobó que los jefes de cadenas y tiendas y otras entidades estarán facultados para aprobar precios minoristas de productos, con varias excepciones. En nuestra opinión, debido a que estamos en presencia de mercados oligopólicos, esta medida podría generar aumentos indiscriminados de precios alimentando aún más la inflación y los desequilibrios macroeconómicos. Una opción, mientras se crean las condiciones competitivas necesarias, serían mantener la centralización de los precios, y que, de proponerse aumentos, estos deben ser muy justificados por incrementos grandes de costos de importación o errores anteriores en su construcción. Mientras no se creen construcciones competitivas y en medio de un escenario inflacionario, esta reciente decisión podría traer mayores afectaciones a los sectores económicamente más vulnerables. La historia reciente de fijación de precios aconseja mucha cautela en la descentralización.
Medidas del lado de la demanda agregada
Como antes hemos apuntado, las acciones del gobierno se han centrado en el lado de la oferta, y no ha existido un planteamiento preciso sobre un programa anti inflacionario (en realidad deflacionario)[17] que aborde temas de la demanda agregada.
Los daños sociales de la inflación son asimétricos y perjudican generalmente a los sectores más vulnerables. El 46% de los jubilados reciben la pensión mínima (Rodríguez J. , enero 2022) y la canasta básica de bienes y servicios de referencia tenía un costo de 3 250 en La Habana y 3 057 en las provincias orientales, cuando su valor de diseño fue de 1 528 pesos (Figueredo Reinaldo, García Acosta, Izquierdo Ferrer, & Pérez, 2021).
El programa anti inflacionario para retraer la demanda agregada debe tener como brújula la equidad y justicia social, piedra angular del proyecto socialista cubano. Al mismo tiempo debe promover e incentivar la inversión y el incremento productivo en todos los sectores, difícil tarea, pero imprescindible y posible con la reforma económica integral que debe ser completada. Las medidas que se diseñen deben partir de la redistribución de los costos del ajuste y, por lo tanto, el componente político es grande[18].
Como que las medidas del lado de la demanda, en su mayoría, no son “populares” es imprescindible la participación ciudadana que, seguramente, la enriquecerá o corregirá. Es menos “popular” no actuar a tiempo.
A continuación, se comentarán acciones (de políticas de rentas y precios, monetaria, fiscal y cambiaria) que podrían formar parte de un programa con énfasis en la reducción de la demanda. Estas medidas tienen varios propósitos: reducir el nivel general de precios, pero, además, cerrar la brecha fiscal, apreciar el peso y mejorar la distribución del ingreso. Son congruentes con medidas en etapas posteriores de la reforma económica integral.
Deben ser también fuente para el financiamiento de medidas de apoyo a personas de menores ingresos y se requerirían ejercicios matemáticos para determinar las cuantías precisas, que deben ser temporales y sujetas a revisión periódicamente.
· Revaluación del sistema de reparto de utilidades. La distribución de la ganancia es una práctica común en el mundo como mecanismo complementario para incentivar a los trabajadores en la mejoría del desempeño de la empresa[19]. En varios casos el reparto es fruto de demandas de los trabajadores como mecanismo de mejorar la distribución del ingreso. Pero la disciplina administrativa y la que impone el mercado son determinantes y no tienen sustitutos. La distribución de utilidades debe ser vista entonces como un mecanismo adicional y que sólo proceda cuando haya incrementos de productividad en términos reales. Debe, incluso, revaluarse el porcentaje que se aplica hoy a las utilidades, sobre todo porque estas pueden ser resultado de precios incorrectos, “errores” contables y/o mercados altamente imperfectos.
o En Cuba las empresas pueden repartir a sus empleados utilidades trimestrales hasta el 50% de estas, después de impuestos (menos las minoraciones antes mencionadas), sin límite de salarios medios.[20]. En la figura 2 se muestra cuánto representarían las utilidades trimestrales a repartir con relación del salario medio mensual y anual si se distribuyeran 0,3, 0,5; 1; 3; 5 y 7 salarios medios mensuales. Por ejemplo, de repartirse 3 salarios mensuales en el trimestre, ¿se habrá duplicado la producción en términos reales (y por ende la productividad) para que los ingresos de los trabajadores aumenten al doble? ¿Han cambiado realmente el esfuerzo y los resultados para obtener el doble de ingresos? ¿Cuántos individuos de los que han recibido utilidades han modificado su actuación laboral y de hecho la remuneración extra se ha convertido en una renta, en el sentido económico?[21] Esta estimulación para lograr aumentos de eficiencia es sumamente costosa desde el punto de vista social y expande la demanda agregada sin que exista una oferta que la respalde en su totalidad.
Figura 2. Ingreso por utilidades a repartir como % del salario medio mensual. Nótese que un límite de 3 salarios mensuales, las remuneraciones mensuales aumentarían al doble.
Como regla, el producto real generado a consecuencia del estímulo no debe ser menor que el monto de las utilidades distribuidas. Lo usual en la práctica internacional, de acuerdo a una amplia muestra de países europeos y americanos que efectúan reparto de utilidades mediante bonos, es que el monto a distribuir oscile entre el 6% y el 14% del salario bruto anual, o que es similar, entre 0,7 y 1,7 salarios mensuales al año.
o La distribución de utilidades ha creado otros problemas por la diferenciación en las remuneraciones:
- Las actividades que tienen precios regulados están en desventajas con relación a aquellas que forman precios de manera descentralizada y que producen bienes o servicios no repetitivos. Esta pudiera ser una de las causas de las bajas de más de 3 000 trabajadores de la industria eléctrica en 2021, muchos de ellos con alta calificación. En un ambiente de mercados imperfectos, con índices holgados o insuficientes para la formación de precios descentralizados pueden ser castigadas empresas sin razón económica o puede excederse en el estímulo a otras (Vega Hernández, 2021).
- Las remuneraciones de una parte del sector empresarial, con una débil imposición directa, crecen como generalidad mientras que las del personal con salarios fijos (muchos de alta calificación) y pensionados no varían, sin que exista (ni podría existir en las condiciones macroeconómicas actuales) un mecanismo de reajuste: la “pirámide” empieza a invertirse nuevamente.[22]
o En las condiciones actuales de Cuba, en que los mercados son muy imperfectos y la economía está en un complejo proceso inflacionario, y de acuerdo a la experiencia internacional, sería más aconsejable que se limite el monto trimestral a distribuir a fracciones del salario medio mensual (por ejemplo, de 0,3 a 0,5) bajo el cumplimiento de ciertos indicadores de producción y/o eficiencia en términos reales y limitando el fondo a un % menor de las utilidades. Deben ser suficientes incentivos para complementar la elevación de la productividad.
o Sí debe mantenerse y vigorizarse la retribución excepcional por alto desempeño, focalizada en individuos o grupos de trabajadores con resultados directos en la sustitución de importaciones, la creación de nuevos productos y servicios exportables, la innovación y racionalización y los incrementos de productividad en términos reales, bajo una estricta evaluación económica.
· Imposición de los ingresos en especie para todos los empleados públicos y de los sectores cooperativo y privado (por el uso personal de autos del empleador, teléfonos, regalos, etc.)[23]. Esta medida, que eliminaría gratuidades remanentes, sería correcta políticamente en momentos en que se requiere un ajuste económico en amplios sectores de la población.
· Deben unificarse las reglas para la imposición a los ingresos personales y establecer nuevas regulaciones y mecanismos de control y auditorías para reducir la evasión fiscal.[24]
o Debe hacerse extensivo el pago de impuestos, económica y socialmente fundamentados y sobre una base uniforme, sobre ingresos personales a todas las personas naturales (incluyendo por supuesto a los trabajadores de empresas estatales, asalariados de cooperativas y mixtas)[25]. La redistribución mediante el procesamiento de la declaración jurada anual tiene el potencial de aumentar la propia progresividad de la imposición directa, con deducciones o créditos para ancianos, madres solteras con hijos a su cuidado, enfermos, entre otros individuos. (Rosen, Boothe, Dalhby, & Smith, 1999)
o Los tramos de los ingresos imponibles deben ser actualizada y los tipos podrían ser modificados, incluso aumentando el tipo máximo si fuera necesario[26]. Ha existido un movimiento internacional a la reducción de la carga impositiva a los ricos para “estimular el empleo y el trabajo”, pero esto no tiene fundamentación teórica ni empírica (Varian , 2010)(Krugman, 2019). Podría tomarse el salario medio, como un elemento referencial, para los tipos por tramos, de forma tal que a partir de cierto umbral actúe con más vigor la progresividad para los ingresos personales.
· Obligatoriedad de emitir facturas por todos los negocios (con las debidas excepciones) que cumplan con las normas que se establezcan para que permitan las auditorías cruzadas. Esto también sería un complemento para la aplicación del IVA, y reduciría la evasión. Hoy, negocios privados deben aportar el 10% del valor de las ventas como impuesto, pero no existe mecanismo verificar si el aporte se corresponde a lo vendido. La facturación también coadyuvaría a una mayor recaudación fiscal de la imposición directa.
· “Congelación” temporal de salarios y pensiones, excepto aquellas que sea necesario elevar por problemas de equidad y que debajo veremos.[27]
· Elevación de las tasas de interés de depósitos a plazo para fomentar el ahorro, tanto para las ya abiertas como a las nuevas.
· Preparar la ampliación de la emisión de bonos de deuda pública a empresas estatales, cooperativas y privadas y a personas naturales. Esta herramienta debe estar lista para ser usada, previa evaluación fiscal a futuro, ante repuntes de la inflación (Hernández Martínez, 2018).
· Revisión al detalle de todas las empresas con pérdidas, y adoptar proyectos de mejoramiento de eficiencia o cerrarlas definitivamente si son irrentables desde el punto de vista económico. Los subsidios a la producción serían temporales, y excepcionalmente permanentes cuando se justifiquen social y económicamente.[28]
· Racionalización del gasto fiscal en términos de valor (no de alcance), sobre todo en servicios externos de construcción y reparaciones, así como compras de insumos en el sector presupuestado, con menor tradición e incentivos en el control y exigencia de resultados económicos. Es necesario fortalecer y controlar los mecanismos de licitaciones y de negociación para reducir los importes.
· Aplicación de impuesto especial a productos dañinos para la salud como el tabaco y el alcohol.
· Aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) multi-etapa por el método de crédito por facturas a todos los productos y servicios, excepto los que se venden mediante la libreta de abastecimiento, los productos que se ofertan a los mercados agropecuarios y otros artículos básicos. Diferentes tasas de IVA complican la administración, pero tal vez sean necesarias[29]. El IVA sustituiría al actual impuesto sobre ventas.
o Tiene alguna progresividad si se exceptúan productos básicos (alimentos sin elaboración industrial, medicinas, ropa de niños, etc.)
o Garantiza la estabilidad de ingresos al presupuesto
o Es una ventaja para los negocios pues se descuenta el impuesto pagado del IVA a aportar. Ello ha ayudado, con la constancia de la factura, a reducir la evasión fiscal en otras experiencias. (Rosen, Boothe, Dalhby, & Smith, 1999)
· Analizar la pertinencia de pasar temporalmente (sola y estrictamente por el tiempo que sea necesario y conveniente) parte de los productos que hoy se venden en pesos con racionamiento mediante la libreta de abastecimiento, mismos que son hoy la fuente alimentadora de los “coleros”.[30] Existen productos que se pueden normar fácilmente como culeros desechables (mediante certificados médicos), alimentos infantiles (registro en la libreta de abastecimiento de niños), cigarros y tabacos a adultos, etc.[31]
· Revisión, actualización y elevación de los impuestos que gravan los documentos públicos (relativos a certificaciones, trámites y licencias) de los grupos 1 y 2.
· Aumento del precio (mediante impuesto) a la transportación, excepto para aquellos conjuntos poblacionales de fácil identificación como ancianos, niños y discapacitados (con la presentación del emitido carné de identificación). Evaluación meticulosa y cuidadosa de la reducción de subsidios a los combustibles para la transportación, donde existieran, y regulación y control de las tarifas de transportación.
· Una vez en vigor y con resultados las acciones antes señaladas, con sus pros, contras e impactos, debe ser evaluada la compra y venta de divisas y MLC a una tasa “paralela” de mercado, posiblemente cercana a la del mercado “informal” viceversa (imitando el recorrido del CUC, pero evitando sus fallas en la emisión y la prolongación en el tiempo). Es previsible una apreciación del peso en el mercado “paralelo” en un tiempo relativamente breve.
o La venta de MLC (para ser depositados en tarjetas) en una red de casas de cambio tanto a la población como al sector privado y cooperativo. La compra de MLC sería implícita pues de la tarjeta en MLC se podrían extraer pesos al tipo de cambio “paralelo”, que inicialmente sería muy superior al oficial (1 MLC = 1 USD = 24 pesos). Es decir, establecer la compra y venta de MLC con un tipo de cambio de “equilibrio” de manera que no signifique una emisión adicional en pesos. La situación actual con relación al excedente monetario y a la depreciación del peso en el mercado informal es mucho menos compleja que a principios de los noventa (figura 3), pues con la Tarea Ordenamiento se redujeron enormemente los saldos monetarios reales en moneda nacional de los ahorristas[32].
o La población con divisas podría depositarlas en las cuentas en MLC, como hasta ahora, pero podría extraer pesos al tipo de cambio anteriormente descrito. Igualmente podría adquirir divisas con MLC en la red de casas de cambio al tipo de cambio “paralelo”. Es fundamental establecer una vía de convertibilidad.
Figura 3. Tipo de cambio del peso cubano-dólar estadounidense (1990-2012) (Vidal Alejandro & Pérez Villanueva, 2013)
o Para los viajeros y visitantes del extranjero también se podrían, excepcionalmente, canjear divisas por pesos en una red de casas de cambio a la entrada al país a un de cambio tipo “paralelo”. En las tiendas en MLC podrían utilizar sus tarjetas de crédito o débito. A la salida de Cuba el cambio en sentido inverso de los pesos remanentes, sería hasta una proporción máxima de lo canjeado en divisas, con la presentación del pasaporte y los comprobantes del canje (Benavides Rodríguez, 2022). Se aplicaría un tipo de cambio también “paralelo”.
o El sector estatal continuaría operando con el tipo oficial durante el periodo de estabilización.
En definitiva, de lo que se trata es de legalizar, dar transparencia y reducir los costos de transacción en un mercado que hoy existe fuera del ámbito estatal. Como asumimos que la tasa oficial de 1:24 fue calculada a partir de los precios relativos entre el país y el resto del mundo, las medidas del lado de la oferta y la demanda deben lograr la confluencia de la tasa de cambio “paralela” con la oficial en un plazo relativamente breve[33] . Es necesario que los tipos de cambio “paralelos” regulen el mercado para que se eviten emisión de pesos o salida adicional de divisas. Para armar el esquema, como es lógico, se necesita cierto “capital de trabajo” en pesos, MLC y divisas.
Posteriormente, una vez lograda la estabilización, se podría pasar a la venta en pesos de todos los productos que hoy se comercializan en MLC (excepto, transitoriamente, aquellos de “gama alta” incluyendo vehículos)[34], con el debido impuesto (IVA) y precios razonables que dejen un importante margen, pero sin excesos contraproducentes e irracionales como los que existen hoy para los automóviles. Esta es una tarea sumamente compleja pues para mantener un mercado en MLC, aunque solo deba ser de “gama alta”, debería coexistir otro de “gama baja” en pesos. El tener más de una moneda circulando acarrea costos de medición, administrativos y de transacción, además de descontento social, pero es necesario asumirlo por un tiempo que debe ser el menor posible.
El alto nivel de tipo de cambio “informal” conspira incluso contra elementos de programas estratégicos y obstaculiza los encadenamientos productivos, y por ende la propia expansión productiva. Por su importancia, nos detendremos en un caso.
A fines de 2021 el Ministerio de Energía y Minas puso en vigor una resolución que establece las regulaciones para que personas naturales y jurídicas contraten potencia solar fotovoltaica. Tanto el sector residencial como el no residencial pueden contratar la potencia que deseen, la cual se encuentra instalada en los parques solares fotovoltaicos del país. Por cada kilo Watt (kW) de potencia contratado se descontarán al cliente 125 kWh mensualmente durante el período de vigencia del contrato (dos, cinco, 10 o 20 años).
Por ejemplo, si una persona natural contrata la misma potencia por dos años, el monto a transferir a una cuenta de la Unión Eléctrica es de 159 MLC: de hecho, es una inversión. Si genera excedente de energía, cada kWh se le pagará a 3,00 pesos. Cuando el consumo mensual es menor que 500 kWh como promedio, es mucho más beneficioso vender los MLC en el mercado “informal” que invertir. Así, esta modalidad de inversión sólo es redituable para el 3,1% de los clientes residenciales: ¡hasta mediados de febrero de 2022, sólo dos personas naturales se habían acogido a esta modalidad de inversión, que a primera vista parece atractiva! (Alvarez González, 2022).
· Para “no cerrar la puerta al error” pues con él se le cerraría también al posible acierto, podría evaluarse un impuesto temporal a la tarifa eléctrica para el sector residencial, excepto en el tramo de hasta 100 kWh de consumo, en los meses de más bajo gasto energético doméstico (por ejemplo, de diciembre a abril)[35]. Del análisis de una pequeña muestra de hogares en dos municipios de La Habana (con y sin equipos de climatización) que consumieron entre 340 y 150 kWh de media mensual de febrero de 2021 a enero de 2022, resultó que el importe promedio de la factura eléctrica de diciembre a abril fue el 42% con relación al de los meses de mayo a noviembre de 2021. Para una propuesta concreta se requeriría del uso de una base de datos nacional. De ser viable, podría resultar en una reducción del subsidio a la electricidad.
· Y lo que no debe faltar: elevación de pensiones, salario mínimo, prestaciones de asistencia social y soporte adicional a mujeres embarazadas y madres con niños. Para la focalización de la ayuda social se necesita la participación activa de entidades públicas y de la sociedad civil de la comunidad: no se trata sólo de dinero, sino de que exista un apoyo efectivo en trámites, transportación y otras necesidades de los más vulnerables[36]. Las medidas anteriores, una vez cuantificado su impacto, deberían permitir la elevación de los ingresos de los sectores más sensibles y reducir en su conjunto el efectivo circulante, de manera que queden más que compensados con el proceso de deflación y remuneraciones adicionales. Podrían ser también favorecidos con bonos para alimentos y artículos (Rodríguez J. L., febrero 2022).
Las medidas de precios y de imposición indirecta no van dirigidas directamente a la reducción de precios, sino a reducir el “impuesto inflación” derivado de la monetización del déficit fiscal, que recae desproporcionadamente sobre los sectores de ingresos fijos y más pobres. El efecto neto, junto con el resto de las acciones del lado de la demanda y el crecimiento de la oferta, debe ser en una reducción general del nivel de precios. Todas necesitan un arduo trabajo institucional y de control periódico y auditorías, particularmente las referidas a la imposición directa e indirecta. El monitoreo del mercado es esencial para ir modificando, cuando sea necesario, la magnitud del IVA, el tipo de cambio “paralelo”, la tasa de interés y otros impuestos específicos, o sea, ir acomodando la demanda agregada a la oferta. Una vez lograda la estabilidad macroeconómica y que se haya restablecido el crecimiento, para evitar afectaciones futuras a los sectores más vulnerables, debía implementarse la indexación o revisión periódica de pensiones y prestaciones de la asistencia social, así como de los salarios, de manera que el crecimiento llegue a todos.
Conclusiones
El crecimiento económico con equidad social es un tremendo reto que enfrenta el gobierno cubano en las actuales circunstancias. No se trata sólo de repartir más justamente el “pastel” sino que existan los adecuados incentivos para que continúe creciendo (lo contrario sería repartir la escasez). Tampoco de negar la inevitable diferenciación en los niveles de ingresos a que debe dar lugar la reforma, pero de manera tal que estos respondan esencialmente a los resultados, a la eficiencia y la capacidad de los individuos y no a la especulación en actividades ilegales. La diferenciación en el ingreso no es incompatible con la justicia social y la protección de los sectores vulnerables. Todos estos arreglos institucionales requieren de una activa participación de las entidades nacionales y locales de manera coordinada: “pensando como país”.
La desigualdad en los niveles de ingresos sobre las bases antes expuestas será un rasgo del nuevo modelo económico, pero esto, insistimos, no supone afectar la justicia social, todo lo contrario; la abolición de la pobreza debe ser un objetivo de primer orden de la política económica y social.
Como que las medidas del lado de la demanda agregada, en su mayoría, no son “populares” ni fácilmente comprendidas es imprescindible la participación ciudadana. Es necesario tener en cuenta que el control fundamentado de la demanda tiene como propósito fundamental la creación de mejores condiciones para reactivación del crecimiento productivo con eficiencia y equidad.
La deflación, por otra parte, tiene un componente recesivo, que debe ser tenido en cuenta, pues puede afectar a ciertas empresas, especialmente a algunas MIPYMEs, sector naciente e imprescindible del nuevo modelo económico, en este caso estas deben recibir un apoyo compensatorio temporal del gobierno.
Es imprescindible, contar con indicadores estadísticos oportunos y confiables: debe analizarse, en cuanto existan las condiciones, la pertinencia de cambio de año base del sistema de cuentas nacionales y del IPC, la elaboración de la matriz insumo-producto y la emisión periódica de indicadores confiables (desempleo, pobreza, coeficiente Gini, concentración del mercado, entre otros). Estos constituyen las señales para “manejar el auto de la recuperación”.
Para hacer creíbles las políticas, el control sistemático calificado y transparente requiere ser elevado al máximo nivel. La participación activa de las organizaciones de la sociedad civil cubana es insustituible, así como de los trabajadores sociales que sean necesarios e instancias territoriales, para poder focalizar más eficientemente el gasto fiscal.
La estabilización macroeconómica no puede esperar sólo a la recuperación de la oferta agregada, es necesario actuar integralmente tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda y con una política monetaria y cambiaria activas para recuperar los equilibrios necesarios que pongan bajo control la inflación, es además una condición para avanzar de manera más rápida e integral en el reto esencial de la economía cubana hoy: la reforma económica fundamental. Todo lo que se haga debe conectar a la transformación estratégica del modelo económico. La secuencialidad y simultaneidad son conceptos imprescindibles en ese proceso (Carranza Valdés, Gutiérrez Urdaneta, & Monreal González, Cuba, la restructuración de la economia. Una propuesta para el debate, 1995).
La elevada y creciente inflación tiene que ser conjurada, los riesgos de todo tipo que implica son enormes, así lo demuestra la historia de muchos países. En el entendido de que lo esencial es la reforma integral de la economía, que conduzca a un país más diverso, menos burocrático y verticalista, a la vez que más inclusivo y eficiente, la estabilización macroeconómica es imprescindible y el actual proceso inflacionario la obstaculiza.
Es fundamental tener en cuenta que, a la difícil situación de la economía nacional, afectada por el bloqueo, por la pandemia, por las tensiones de la economía internacionales y por una reforma incompleta y no articulada, se pueden añadir en el futuro escenarios aún más complejos y desafiantes. La guerra en Ucrania tendrá efectos globales aun difíciles de ponderar. Es imprescindible construir resiliencia frente a los escenarios complejos que se pueden precipitar, es preciso como sugería Hirshman, saber navegar contra el viento.
Las medidas que aquí se avanzan están colocadas en una visión que pretende ser estratégica, de ahí que algunas de ellas serían temporales para crear aceleradamente mejores condiciones en la transformación necesaria y pertinente y, muy importante, la intensidad y extensión de ésta depende también de que el escenario externo mejore, lo que no se debe excluir y del acceso a mayores recursos externos, de ahí la necesidad de su permanente evaluación. Una idea esencial es que siempre existen alternativas para avanzar aun en el peor de los escenarios posibles para el sector externo.
El futuro depende en gran medida del éxito de este proceso, no hay tiempo que perder ni mucho margen para errores, la certeza de su rápida evolución es condición sine qua non para el proyecto socialista de crecimiento con justicia social, esto con bloqueo o sin bloqueo. De ésta debemos y podemos salir, pero todos. El tiempo es, y cada vez más, una variable crítica.
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Bibliografía
Por razones de espacio excluimos la bibliografía la cual puede ser consultada en el texto original.
Abril, 2022
[1] Para calcular el IPC se toman de referencia datos de 2010. La estructura del consumo ha tenido cambios importantes en una década, de manera que el IPC calculado no refleja con certeza la dinámica de los precios (Figueredo Reinaldo, Carmona Tamayo, & Izquierdo Ferrer, Cuba en Datos: Índice de Precios al Consumidor, una estadística poco conocida de la cual debes estar al tanto, 2022).
[2] Hoy parece un contrasentido la continuación de inversiones hoteleras mientras faltan alimentos, medicinas y medios para la producción agropecuaria e industrial.
[3] El modelo se ha construido a partir de algunas cifras y de la percepción empírica, pero pensamos que su construcción pudiera dar explicaciones cercanas a lo ha ocurrido realmente.
[4] Las OSDEs administran recursos, distribuyen y deciden. La racionalización de la burocracia es una tarea compleja. En ocasiones, áreas y puestos auxiliares informática, choferes, secretarias, limpieza, etc. se “racionalizan”, emplantillándolos en otras empresas u estructuras, pero continúan realizando las mismas labores en el mismo sitio: se cambia todo para que nada cambie.
[5] El conflicto surge cuando un sujeto (el principal) debe delegar en otro (el agente) la realización de una tarea (Gutiérrez Urdaneta, Monreal González, & Carranza Valdés, La pequeña y mediana empresa en Cuba. Aportes para un debate actual, 1997). Este problema, que ha recibido mucha atención en las reformas de las empresas públicas en el mundo y ha sido “formalizado” por la economía neoclásica, fue tempranamente enunciado por Marx en El Capital, al observar la separación entre la propiedad y administración en las empresas privadas.
[6] Muchas de las actividades que generan pérdidas de tiempo laboral, recarga del transporte, gastos de combustible y colas podrían resolverse, como en muchos otros países y no sólo desarrollados con la utilización del servicio de correos.
[7] No es nada excepcional que en organismos centrales se asignen autos, cuyo uso fundamental es el traslado entre el hogar y el centro de trabajo.
[8] Las quejas y opiniones del pueblo en Acuse de Recibo del diario Juventud Rebelde o Cartas a la Dirección de Granma, son un observatorio de la profusión de la insensibilidad y de la burocracia. Estudios sistemáticos de clima laboral darían información utilísima a ser tenida en cuenta para modificar patrones de dirección.
[9] A principios de los noventa se desarrolló en Cuba un programa de transformación de la industria salinera. Comenzaba el llamado periodo especial: los montacargas fueron reemplazados por bandas transportadoras, que además de duplicar el empleo, permitieron aumentar la capacidad de almacenaje. Después, los autores conocieron que una estrategia similar había seguido Taiwán, que utilizaba bandas en vez de montacargas para generar empleo en muchas industrias.
[10] En China y Japón hoy coexisten las tecnologías más avanzadas con rudimentarias. Es un problema de costo de oportunidad, sobre todo cuando la aplicación de la técnica moderna es más costosa socialmente en las condiciones concretas.
[11] Que no quede nada por analizar, el robo y sacrificio ilegal, la alta mortalidad en la masa ganadera (Siberia, 2022), incluso el fomento de la inmigración o contratación temporal de personal extranjero.
[12] El monto y el porcentaje son sólo números. Lo más importante es que las inversiones sectoriales formen parte de un plan integral donde estén todos los sectores de manera que la asignación sea armónica. La matriz Insumo-Producto es una herramienta muy útil para este fin (Dobrescu, Gaftea, & Scutaru, 2010). Puede no bastar, por ejemplo, construir más hoteles en detrimento de otros sectores si luego hay que importar alimentos y otros bienes porque la industria nacional no es capaz de responder.
[13] Aquí distinguimos entre evaluación económica o social y financiera: no son sinónimos (Fontaine E.R. , 2008). Un potencial subsidio podría ser aplicado a la producción de leche, por ser un alimento básico universal, por su proporción en el consumo social y por constituir un bien intermedio para otros productos: yogurt, mantequilla, queso, helados y dulces, así como en los servicios de gastronomía. Por supuesto, que para los subsidios necesitan fuente de financiamiento, que más adelante se abordarán.
[14] El índice Herfindahl-Hirschman es una medida inicial para evaluar el grado de concentración de los mercados, el cual puede calcularse incluso a nivel territorial.
[15] Por ejemplo, existen localidades en Cuba con tradición y experiencia en producción de calzado, materiales de construcción y aceite de corojo, como Camajuaní, Wajay, Calabazar, entronque de Bueycito, Bayamo, Las Tunas, La Vuelta. El know how y la tradición han sido la base del desarrollo de los llamados distritos industriales (conformados por PYMES) en Italia.
[16] Hoy, transportistas privados han elevado las tarifas por viaje, y ómnibus de empresas en función del transporte público cobran 5 pesos. Los taxis privados cobran 50 pesos de la Virgen del Camino a Centro Habana. De la recogida de personas por parte de los autos y ómnibus estatales, como expresión generalizada de solidaridad, sólo queda un vago recuerdo. ¿Qué institución debe controlar periódicamente esto para que la espontaneidad se convierta en norma?
[17] El objetivo no es sólo parar la inflación sino bajar el nivel general de precios. Una devaluación abrupta del peso cubano tiene como riesgo que se genere un proceso de hiperinflación, de manera que para los autores no es una alternativa.
[18] En 1993 se convocaron “parlamentos obreros” para la discusión popular del plan de saneamiento financiero.
[19] Su fundamento teórico se basa en la teoría del agente-principal. Como la actitud y el esfuerzo a veces no es observable, se recurre a compartir algo de los resultados financieros para promover la eficiencia.
[20] Se distribuye normalmente algo menos del 25% de las utilidades después de impuestos, pues la principal minoración, el aporte de aporte por el rendimiento de la inversión estatal es del 50% de la ganancia neta. Ante la situación de inflación creciente, una de las OSDE limitó el monto máximo a repartir a 3 salarios medios al cierre del III trimestre.
[21] Situación nada extraordinaria en muchas empresas cubanas. Los autores han escuchado de ingresos por reparto de utilidades trimestrales de 30 000, 60 000 pesos y más (hemos escuchado otras cifras exorbitantes).
[22] Puede darse el caso de que un individuo, por su alto desempeño laboral (inventos, racionalizaciones, etc.), obtenga una remuneración que sea 10 veces el salario medio. Lo que no parece lógico es que pague sólo un 5% de impuestos directos por ella.
[23] La imposición a los ingresos en especie se aplica en muchos países.
[24] Esto es un reto para la administración tributaria en Cuba, que implicaría un aparato de control profesional y regulaciones con relación a los documentos probatorios, tiempo de conservación de los mismos, auditorías y penalizaciones por evasión.
[25] Los ingresos imponibles deben considerar también las pensiones. Hoy podrían existir recién jubilados con retiros superiores a 10 000 pesos.
[26] En Canadá el tipo máximo llegó a ser del 84% en 1949 y del 60% en 1972 (Rosen, Boothe, Dalhby, & Smith, 1999). Todo depende de las condiciones concretas de cada país en el momento histórico.
[27] En 2022, una OSDE elevó los salarios fijos en todo el sistema empresarial. También se aumentaron pensiones a jubilados de algunos sectores que ya disfrutaban de niveles relativamente elevados.
[28] Por ejemplo, podrían ser destinados subsidios permanentes a ciertos de monopolios naturales, como solución económica más eficiente. La ANEC y las universidades pueden tener una participación importante en el análisis y diseño de programas para empresas con pérdidas.
[29] Introducir el IVA como instrumento de estabilización parece hoy sensato en Cuba. Podría ser más complicado en etapas futuras de la reforma, pues en los primeros momentos podría generar inflación. (Aportela Rodríguez & Werner Wainfeld, 2002)
[30] En entrevistas con trabajadores, muchos han manifestado que preferirían poder comprar, aunque sea un libra más de pollo al mes, un litro de aceite o un paquete de detergente cada dos o tres meses que no adquirirlo nunca o tener que comprarlos a precios exorbitantes a los “coleros”.
[31] Las colas deben disminuir sensiblemente, y la asignación de fuerza de trabajo debe ser encaminada a labores productivas.
[32] Con las tarjetas en MLC las divisas no se captan en las tiendas sino en las instituciones financieras., un problema de esto es que el incentivo para abastecer las tiendas y elevar la calidad de su servicio es menor.
[33] No referimos a confluencia y no a coincidencia, y asumiendo que el tipo de cambio real no se haya alejado significativamente del nominal. Aunque el tipo de cambio no es el objeto del presente trabajo quedan asuntos pendientes por analizar para los cuales se deben ir creando las condiciones desde ya: la adopción de un tipo de cambio fijo o flexible (con sus variantes), contra una canasta de monedas o contra el dólar, y el tema de la convertibilidad y los controles cambiarios. (Hidalgo de los Santos , 2018) (Ramos Hernández & Hernández Roque, 2009)
[34] Los altísimos precios de los vehículos deben ser sujetos a revisión. Los medios de transporte son para muchas MIPYMES medios de inversión necesarios para la actividad que desempeñan.
[35] En el tramo de hasta 100 kWh mensuales se halla casi el 22,5% de los clientes. La magnitud del consumo energético es una medida del bienestar. Esto podría no ser un gasto adicional traumático en los meses de menos consumo para la mayoría de las familias afectadas.
[36] ¿Cómo adquieren los medicamentos o los alimentos una gran parte de las personas discapacitadas o con dificultades de locomoción? ¿Cómo llegan a un turno médico? El servicio de transportación que hoy se brinda a las personas que deben asistir a hospitales para la realización de hemodiálisis es una excelente referencia.
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Con el propósito de poner a disposición del debate la propuesta que hemos realizado sobre el problema de la inflación y sus posibles soluciones, presentamos a continuación una versión resumida de un texto mayor. El texto original podrían consultarlo a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1G6beqODrcRO73v8w_rPGaV9ypBNeZnnW/view?usp=sharing
