Por Diego García-Sayan
La Wildlife Justice Commission (WJC) ha sido clave para desmontar la narrativa de que se trata de delitos “aislados” o “de subsistencia”. Sus investigaciones revelan estructuras criminales jerarquizadas, con financistas, intermediarios y empresas de fachada, que operan con la misma lógica que el narcotráfico.
El océano se ha convertido así en una nueva frontera del crimen organizado: el llamado crimen azul.
Tiburones: el eje del negocio ilegal
El tráfico de tiburones es hoy uno de los problemas más graves en los océanos. América Latina cumple un rol central como zona de captura y salida de aletas, carne y aceite de hígado, productos de alto valor en mercados internacionales. Las redes utilizan permisos adulterados, subdeclaración de especies y ocultamiento de productos ilegales dentro de cargamentos legales.
La WJC ha documentado cómo estas organizaciones diversifican especies y rutas, y cómo el riesgo penal sigue siendo bajo en muchos países de la región. El resultado es un colapso acelerado de poblaciones de tiburones, especies clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos.
El delito invisible de las tortugas y los riesgos para las ballenas
El tráfico de tortugas marinas adopta otra forma: la de la normalización social. Huevos y carne se comercializan en comunidades costeras y zonas turísticas bajo la apariencia de tradición o consumo local. Sin embargo, la WJC advierte que estas prácticas sostienen cadenas ilegales persistentes, con intermediarios y corrupción local.
Aunque cada operación sea pequeña, el daño acumulado es devastador. Varias poblaciones de tortugas están en declive crítico, mientras la impunidad refuerza la percepción de que se trata de un delito menor.
Por su lado, el comercio internacional de ballenas está hoy más restringido, pero no exento de amenazas. Capturas incidentales encubiertas, mercados grises de carne de cetáceos
menores y el uso de rutas compartidas con otros productos ilegales mantienen abierta la puerta al abuso. Para la WJC, la lección es clara: las redes criminales no respetan categorías biológicas, sino oportunidades.
Cuando sí funciona: lecciones desde África
La experiencia africana ofrece un contraste revelador. Frente al colapso de elefantes y rinocerontes, varios países cambiaron de enfoque: tratar el tráfico de fauna como crimen organizado, no solo como infracción ambiental. Investigaciones financieras, cooperación judicial internacional y condenas contra los eslabones altos de la cadena —documentadas por la WJC— permitieron desmantelar redes completas.
En el ámbito marino, operaciones conjuntas en puertos y aduanas han demostrado que el control inteligente de rutas y la persecución del dinero pueden reducir de manera efectiva el tráfico de productos ilegales.
América Latina ha dado algunos pasos en la dirección correcta, pero el problema sigue siendo estructural. Mientras el tráfico de especies marinas continúe siendo un delito de bajo riesgo y alta rentabilidad, las redes criminales seguirán operando con ventaja. La respuesta eficaz pasa por elevar estos delitos al nivel de crimen organizado transnacional, con investigaciones financieras, cooperación judicial y sanciones proporcionales al daño causado.
Esta no es solo una agenda regional. Europa —y España en particular— tiene un papel que desempeñar, tanto como actor político global como mercado relevante en las cadenas de comercio marítimo. Reforzar controles portuarios, cerrar vacíos legales y apoyar la cooperación judicial internacional forma parte de una responsabilidad compartida frente a la protección de bienes públicos globales.
Como jurista y miembro activo de la Wildlife Justice Commission, participo con orgullo en una labor colectiva que ha demostrado que el tráfico de especies protegidas -las marinas, entre ellas- puede y debe ser enfrentado con las herramientas del Estado de derecho.
La investigación rigurosa, la cooperación internacional y la voluntad política han probado ser eficaces cuando se aplican con coherencia en países como Nigeria. La manera en que la comunidad internacional responda al crimen azul será, en última instancia, una prueba de su compromiso con la legalidad, la gobernanza global y la protección del océano como patrimonio común de la humanidad.
