La polémica desatada tras la intervención del diputado Emilio Interián Rodríguez en la Asamblea Nacional del Poder Popular no puede leerse como un simple desacuerdo económico ni como una reyerta ideológica entre “buenos” y “malos” revolucionarios. Lo que está en juego es mucho más serio: la relación real entre poder, verdad y crítica dentro del proyecto político cubano, y las condiciones —objetivas y subjetivas— que hoy limitan su capacidad de reproducirse como Revolución.
Interián no habló desde la abstracción. Habló desde la experiencia productiva, desde la práctica agrícola, desde la contradicción cotidiana entre plan, normas y realidad. Esa localización de la palabra importa. No es lo mismo opinar desde un despacho que desde el surco. Tampoco es lo mismo cuestionar por oportunismo que hacerlo con la autoridad moral que otorgan años de trabajo y resultados concretos. Por eso resulta intelectualmente deshonesto reducir su intervención a una defensa del capitalismo o del pasado prerrevolucionario.
Sin embargo, tampoco basta con reivindicar la “sinceridad” del discurso. El rigor revolucionario exige ir más allá de la anécdota y analizar las causas estructurales que hacen posible tanto su intervención como las reacciones que provocó.
El punto de partida es ineludible: la economía cubana atraviesa una crisis profunda y prolongada, con especial gravedad en la agricultura. Bajos niveles de productividad, desestimulación crónica al productor, distorsiones de precios, ruptura de encadenamientos productivos, tierra ociosa y una empresa estatal que, en muchos casos, no logra cumplir eficazmente su función social.
Nada de eso es resultado del “mercado” ni de las mipymes. Es consecuencia de decisiones políticas acumuladas: hipercentralización, desconfianza histórica hacia la autonomía, burocratización de la planificación y una separación creciente entre quienes deciden y quienes producen. Cuando el Estado fija precios que no cubren costos, cuando penaliza el éxito productivo, cuando impide escalar a quienes demuestran eficiencia, está produciendo su propia ineficiencia.
En ese contexto, que actores no estatales resuelvan problemas concretos no es una victoria ideológica del capitalismo, sino una señal de fracaso del diseño institucional socialista. El problema no es reconocerlo; el problema es no preguntarse por qué ocurre.
Lo más revelador de este episodio no fue el contenido de la intervención, sino el modo en que se respondió. En lugar de discutir datos, estructuras, incentivos o modelos de gestión, el debate se desplazó rápidamente al terreno de la pureza ideológica. Se juzgó la intención antes que el argumento. Se acusó de “burgués” antes de refutar. Se sustituyó el análisis por la sospecha.
Este desplazamiento no es casual. Responde a una cultura política que ha aprendido a gestionar la crisis cerrando filas simbólicas en lugar de abrir debates reales. Cuando el socialismo deja de defenderse con resultados y comienza a protegerse con etiquetas, algo esencial se ha erosionado.
La lealtad revolucionaria no puede medirse por la obediencia discursiva. Esa lógica conduce inevitablemente a la falsa unanimidad: parlamentos que aplauden, informes que maquillan, diagnósticos que no transforman. La historia del socialismo —incluida la cubana— demuestra que ese camino no conduce a la fortaleza, sino al estancamiento.
Defender la Empresa Estatal Socialista como sujeto principal de la economía no significa convertirla en un dogma intocable. Significa exigirle eficiencia, control popular, transparencia y capacidad real de satisfacer necesidades. Cuando la empresa estatal pierde esas cualidades, deja de ser socialista en la práctica, aunque lo sea en el discurso.
El error más grave del debate actual es plantear una oposición mecánica entre propiedad estatal y propiedad privada, sin analizar las relaciones sociales que las atraviesan. La pregunta marxista no es quién administra formalmente, sino quién decide, quién se apropia del excedente, quién controla y para quién se produce.
Si hoy existen procesos de concentración de riqueza, opacidad del capital y reproducción de desigualdades, la responsabilidad no es de quien lo señala, sino de un sistema de regulación que no ha sabido —o no ha querido— establecer límites claros, contrapesos efectivos y control social real.
Hay una verdad que incomoda a muchos: sin crítica interna no hay socialismo posible. La Revolución cubana avanzó cuando fue capaz de cuestionarse, de rectificar errores, de escuchar a su pueblo y de actuar en consecuencia. Retrocedió cuando confundió disciplina con silencio y unidad con uniformidad.
Atacar a quienes dicen lo que piensan desde dentro del proceso, con argumentos y desde la experiencia concreta, no es defensa ideológica: es empobrecimiento político. Es cerrar las válvulas de corrección en un sistema que ya enfrenta presiones externas enormes.
El caso Interián no trata, en última instancia, de leche, mipymes o hectáreas. Trata de si Cuba será capaz de construir un socialismo con pensamiento crítico, participación real y diversidad de criterios, o si se refugiará en un modelo defensivo donde pensar diferente se castiga y repetir se premia.
Una Revolución que no soporta la verdad termina temiéndole a su propio pueblo. Y una Revolución que teme al debate ha empezado a perder la brújula. Decir la verdad no es traición. Callarla, sí puede serlo.
