Stephen Zunes
Lo que provocó las escenas de la semana pasada, en las que 50.000 marroquíes y otras personas entraron en masa en el enclave español de Ceuta, es más complicado de lo que parece. Ceuta es una de las dos ciudades autónomas españolas situadas en la costa norte de Marruecos; llevan siglos habitadas por población española y, al igual que las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el Atlántico, son territorios españoles reconocidos. Al ser la única parte de la Unión Europea que tiene una frontera terrestre con un país africano, ha sido durante mucho tiempo un destino para migrantes desesperados por cruzar esa frontera internacional fuertemente fortificada.
Sin embargo, las personas que entraron en Ceuta –también las docenas que se ahogaron al intentar sortear la valla fronteriza que se adentra en el mar– no respondían al clásico perfil de refugiado. Las imágenes muestran que casi ninguno llevaba maletas u otras pertenencias personales. También hay vídeos en los que se ven camiones llenos de jóvenes, aparentemente organizados por el Gobierno marroquí, que son trasladados hasta las afueras de Ceuta, así como escenas en las que guardias fronterizos marroquíes les permiten el paso. Incluso hay indicios de que, entre la multitud, había agentes de los servicios de inteligencia marroquíes, en un aparente intento de recabar información sobre la seguridad fronteriza y la respuesta de las autoridades españolas. En todo caso, la llegada simultánea de decenas de miles de personas a la frontera, difícilmente podría haberse producido sin un importante apoyo logístico.
Esta provocación parece haber sido diseñada por el régimen marroquí para poner en aprietos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a sus esfuerzos por estrechar relaciones con Argelia, rival geopolítico histórico de Marruecos y proveedor clave de gas natural, un recurso cuya disponibilidad se ha visto mermada como consecuencia de las guerras de Ucrania e Irán. Sánchez se había reunido con el presidente argelino la semana anterior. Marruecos orquestó un episodio similar en 2021, cuando facilitó una entrada masiva de personas, en represalia por la decisión de España de permitir la entrada en el país, para recibir tratamiento médico, de Brahim Ghali, el presidente del Sáhara Occidental, cuya soberanía reclama Marruecos.
Quizá no sea una coincidencia que esto ocurra en un momento en el que los gobiernos estadounidense e israelí han mostrado un profundo malestar con el Ejecutivo español por su apoyo a los derechos del pueblo palestino y su oposición a la guerra de Irán.
Trump ha calificado a España de “caso perdido”, y ha asegurada que está dirigida por “gente mala”, en respuesta a la negativa de Pedro Sánchez a aumentar el presupuesto militar del país tanto como él exigía y, en particular, a no permitir el uso de las bases militares estadounidenses en territorio español para la guerra contra Irán o a autorizar el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses. El mes pasado, Trump ordenó al secretario del Tesoro que recortara los lazos comerciales con España, a pesar de que es una propuesta inviable debido a la pertenencia de España a la UE, y busca otras formas de castigar al país.
Teniendo en cuenta que Trump ha desarrollado una mayor afinidad con monarcas árabes represivos, como el rey Mohammed VI de Marruecos, que con los aliados europeos tradicionales, quizá no resulte tan sorprendente que optara por criticar más que por defender a un aliado de la OTAN que se enfrenta a una violación de su territorio soberano.
Dirigentes y políticos estadounidenses aliados con Trump han apoyado abiertamente la idea de que Marruecos asuma el control de los dos territorios españoles de Ceuta y Melilla. Michael Rubin, del American Enterprise Institute, defiende que Marruecos conquiste las ciudades autónomas, y el diputado Mario Díaz-Balart (republicano por Florida), que preside la subcomisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y es uno de los enlaces más cercanos del secretario de Estado, Marco Rubio, en el Congreso, declaró recientemente que los enclaves “no se encuentran en el territorio geográfico de España”, sino que –a pesar de no haber formado parte de Marruecos durante más de 600 años– están “en el territorio de Marruecos”.
Del mismo modo, un artículo publicado en marzo en el medio de comunicación israelí de derecha ynet instaba directamente a Israel a apoyar las reivindicaciones irredentistas de Marruecos como forma de desacreditar la oposición del Gobierno español a la ocupación israelí, insistiendo en que la propia España era un ocupante.
De hecho, funcionarios del Gobierno israelí y defensores proisraelíes en Estados Unidos han insistido en el mensaje de que el Gobierno español es un opresor colonialista y, por lo tanto, no tiene derecho a criticar a Israel, ignorando el hecho de que en los enclaves la mayoría de la población es de etnia española y hay pocos indicios de que incluso sus residentes de etnia árabe y bereber prefieran vivir bajo la monarquía autocrática marroquí.
Si bien la presencia de cualquier territorio europeo en suelo africano es sin duda problemática, independientemente de su historia y demografía particulares, cuesta imaginar que estas figuras de la derecha estén realmente motivadas por el anticolonialismo.
Además, la oleada de cruces fronterizos ha generado imágenes que los partidos de extrema derecha en Europa están utilizando para afirmar que existe una crisis de refugiados incontrolable, lo que alimenta los ataques racistas y xenófobos contra Sánchez y otros gobiernos de izquierdas por permitir una “invasión” extranjera del territorio de la UE. Los gobiernos conservadores europeos han exigido que España sea expulsada del Espacio Schengen, que permite la libre circulación sin pasaporte por la mayor parte de Europa, a pesar de que España mantiene un estricto control migratorio interno entre las ciudades autónomas y la península Ibérica y de que ninguno de los 50.000 que cruzaron de manera ilegal a Ceuta ha logrado llegar al continente europeo.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance achacó los cruces fronterizos a “las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente”, mientras que Trump advirtió de que escenas similares a las de las decenas de miles de personas de piel oscura que asaltan la frontera en Ceuta se producirían también en Estados Unidos si los demócratas volvieran al poder.
Irónicamente, en lugar de ser anticolonialista, el propio Marruecos es una potencia colonial que ha invadido, ocupado, anexionado y colonizado ilegalmente la nación del Sáhara Occidental, un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Africana y reconocido por las Naciones Unidas como territorio no autónomo. Estados Unidos e Israel son los únicos dos países que reconocen formalmente que ese país ocupado se encuentra bajo la soberanía marroquí.
Marruecos lleva mucho tiempo utilizando la amenaza de abrir las compuertas de migrantes hacia España y otros países europeos para obtener concesiones políticas y económicas, incluso en lo que respecta al Sáhara Occidental. Esto llevó incluso a Sánchez, poco después del incidente de 2021 en Ceuta, a respaldar el dudoso “plan de autonomía” de Marruecos para el Sáhara Occidental, que anularía el derecho a la autodeterminación de los saharauis y sentaría el peligroso precedente del reconocimiento internacional de la expansión territorial de un país por la fuerza. Otros gobiernos europeos de izquierdas han hecho lo mismo, dispuestos a sacrificar los principios jurídicos internacionales por temor a que un flujo masivo de refugiados perjudicara su capital político y reforzara a la extrema derecha.
La operación de entrada masiva a Ceuta forma parte de una larga tradición marroquí de aparentar ser “anticolonialistas” como tapadera de su propio colonialismo. Paralelamente a una invasión armada, Marruecos reunió a 300.000 marroquíes desarmados en la “Marcha Verde” de 1975 para reclamar el Sáhara Occidental cuando este estaba a punto de independizarse de España. La conquista, apoyada discretamente por Estados Unidos, contravino directamente una decisión histórica de la Corte Internacional de Justicia y una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigían la autodeterminación del pueblo saharaui. La brutal ocupación militar persiste hasta el día de hoy.
Los recientes cruces fronterizos no constituyeron, por tanto, ni una auténtica crisis humanitaria ni una lucha anticolonial, sino que formaban parte de los esfuerzos del creciente eje EEUU-Israel-Marruecos –codificado y reforzado por los denominados Acuerdos de Abraham– para debilitar a un gobierno europeo progresista, dividir a la UE y socavar el derecho internacional y los derechos humanos.
Stephen Zunes es profesor de Política y director de Estudios sobre Oriente Medio en la Universidad de San Francisco. Su último libro, escrito en colaboración con Jacob Mundy, es Sáhara Occidental: Guerra, nacionalismo y conflicto sin resolución (Syracuse University Press, 2022).
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Guillermo Carmona Rodríguez: Crónica de un asedio en verano
Trump en su laberinto pérsico
Editorial de La Jornada
Pese a que resulta impúdicamente favorable a Tel Aviv, el más reciente plan de Donald Trump para Gaza fue rechazado ayer por el primer ministro israelí, el prófugo de la Corte Penal Internacional Benjamin Netanyahu, quien manifestó que el ejército del régimen que encabeza “no llevará a cabo ninguna retirada hasta que Hamas se haya desarmado” y haya renunciado a “armamento pesado, armamento ligero, todo tipo de armamento (…) Un desarme auténtico, no un desarme ficticio”. En contraste, la propuesta del presidente estadunidense estipula que la retirada de las fuerzas de Tel Aviv y el desarme de la organización palestina deben ser procesos simultáneos.
Éste, que es el más reciente desencuentro entre el gobernante sionista y el que ha sido su más estrecho aliado, hace pertinentes algunas reflexiones. Por principio de cuentas, el hecho de que el desarme de Hamas siga siendo el pretexto favorito de Netanyahu y los suyos obliga a preguntarse cómo es que, tras más de tres años de genocidio sistemático, de asesinar a unas 80 mil personas, de bombardear y destruir la gran mayoría de los edificios gubernamentales, las viviendas, los hospitales, los campos agrícolas y las escuelas de Gaza, de someter a su población a bloqueos criminales y de privarla de alimentos, medicinas, energía eléctrica y agua, tras remover a los habitantes de un sitio a otro en busca de refugio y de ocupar la mayor parte del enclave, el aparato militar israelí no haya logrado neutralizar a un grupo fundamentalista cuyos integrantes se calculaban en total unos 30 mil en octubre de 2023 y que su máximo comandante siga sosteniendo que Hamas posee armamento pesado.
Sea cierta o no tal aseveración, lo dicho por Netanyahu desnuda el verdadero designio tras la masiva y permanente agresión que Tel Aviv ha perpetrado durante casi tres años, con o sin “ceses del fuego”: no se trata de acabar con Hamas, sino de eliminar a los palestinos de Gaza en general, asesinando a una buena parte de ellos, hacer imposible la vida a los sobrevivientes y empujarlos a que abandonen el enclave.
Por otra parte, el rechazo de Netanyahu a la iniciativa trumpista no sólo tiene implicaciones para Israel y Palestina, sino también para las accidentadas negociaciones entre Washington y Teherán. Porque para poner fin al infierno regional que él mismo desató, Trump necesita que el régimen israelí contenga su expansionismo depredador en Gaza y en Líbano, y sabe que la República Islámica no va a acceder a un acuerdo de paz que no estipule al menos lo segundo. Asimismo, el habitante de la Casa Blanca sabe que, de prolongarse las hostilidades, ello se traduciría en nuevos desastres estratégicos para Washington en la región.
Trump en su ... (2 y fin)
De hecho, la cadena de acontecimientos en Medio Oriente y el golfo Pérsico de 2023 a la fecha ha dejado a Estados Unidos y al propio Israel en una situación sumamente precaria, pues las existencias de armamento antibalístico del que ambos disponen –compartido, en muchos casos– se encuentran peligrosamente bajas y, de acuerdo con diversos analistas internacionales, las bases militares de Washington en la Península Arábiga han sufrido daños significativos.
Por otra parte, una consecuencia imprevista de las guerras de agresión de Trump y de Netanyahu ha sido el establecimiento del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca entre Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, firmado el pasado viernes. Se trata nada menos que de un pacto militar entre tres potencias de población mayoritariamente musulmana, una de ellas poseedora de un arsenal nuclear y la otra, integrante de la OTAN. Por más que Riad y Ankara –y, en menor medida, Islamabad– hayan tejido estrechos lazos con Occidente, el acuerdo mencionado conlleva un reordenamiento radical en la región, en un debilitamiento de la presencia estadunidense y en la concreción de la mayor paranoia histórica del régimen sionista: armas atómicas en manos de un país islámico.
En ese escenario de desastre y de daños autoinfligidos, los gobernantes de Estados Unidos e Israel habrán de enfrentar, en menos de tres meses, elecciones decisivas en sus respectivos países.
https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/10/editorial/trump-en-su-laberinto-persico
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