El drama inconcluso de X y el Estado cubano

Por Giordan Rodríguez Milanés

Este 2021, el cantante X no sabe cómo va a salir adelante con su familia. Integrante del  Catálogo de Artistas de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos de Granma –a la cual ha pagado durante casi dos décadas hasta un 30 por ciento de sus ganancias por actuar para que lo represente jurídicamente, se ocupe de su promoción y le proponga espacios de socialización y venta de su música–  X ni siquiera recibió el anticipo de mil pesos otorgado a los trabajadores estatales cubanos, para que pudiera enfrentar la denominada Canasta Básica en las condiciones del llamado ordenamiento financiero. X ha sido considerado un Trabajador por Cuenta Propia (TCP).

El drama de X no comenzó este Primero de Enero, ni con la depresión de los mercados consumidores de “música viva” originada por el aislamiento contra la COVID-19.  Ni siquiera con la crisis económica agudizada por los gastos del enfrentamiento a la pandemia, la contracción de las fuentes de ingresos de divisas del país y la agudización del bloqueo imperialista. Hace casi veinte años, X era un músico recién graduado de una de las instituciones de la enseñanza artística de Granma que, como decenas de jóvenes, salía al “mundo real” a  intentar ganarse la vida  con lo que había sido preparado para desempeñar.   Dos decisiones tomó X, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de graduación: la primera fue quedarse en Granma, su provincia, sin grandes polos turísticos ni importantes circuitos de promoción y legitimación; la segunda fue no montarse en las modas musicales de aquel inicio del milenio en Cuba, permeado por el reguetón y el pop latino, en detrimento de los géneros tradicionales o autóctonos. Esta decisión, la segunda, y su calidad interpretativa, le valieron a X el reconocimiento institucional y su inclusión en tribunas abiertas y actos políticos, con un repertorio adecuado a esos espacios. Y la participación en proyectos artísticos fomentados por la institucionalidad desde la creación de un mariachi,  o un grupo de cultivadores de música de la llamada década prodigiosa, hasta la fundación de escuelas de bandas de conciertos en cada municipio de Granma, todo lo cual, a la postre, resultaría insostenible. 

Todo eso trajo como resultado la multiplicación exponencial de decenas de músicos como X en el territorio de la provincia, especialmente en Bayamo y Manzanillo, y su conversión en profesionales. Los reclamos de una programación que garantizara la presencia sistemática de estos artistas y sus proyectos en espacios recreativos propios de la gestión estatal, fueron escuchados por la dirección del Partido en Granma. Entonces el Gobierno, a través de la Empresa de la Música, prácticamente le impuso a las empresas de comercio y la gastronomía y a las propias instituciones culturales, la contratación de todos los X, sin atenerse mucho a evaluar las preferencias artísticas de sus clientes, no pocas veces  deformadas por otras causantes que necesitarían otro texto para analizarse.  Para X no era un problema si los géneros que cultivaba, o las propuestas interpretativas que presentaba, eran aceptadas o no por el gran público. O si sus escasas grabaciones eran  incluidas sistemáticamente o no en los medios y circuitos nacionales de promoción.  Su reclamo siempre había sido que no demoraran demasiado en pagarle las actividades que realizaba en un mes. O que le dieran la mayor cantidad de actividades posibles en los dos carnavales más importantes de la provincia, o lo incluyeran en la programación de grandes eventos como la Fiesta de la Cubanía o las Ferias del Libro. Pero si una multitud coreaba sus canciones, o lo dejaba solo para irse a escuchar un reguetón pedestre y grosero en el kiosco de la esquina, ese no era un problema que le quitara el sueño, más allá de su orgullo profesional lastimado. 

Otros cantantes y agrupaciones siguieron caminos alternativos. Se deslindaron de la ineficacia parásita de la Empresa de la Música para promocionarlos y crearon sus propios equipos de relaciones públicas. Le pagaban su por ciento de representación a una estructura organizacional que sabían disfuncional –cuyo objetivo no era ejecutar la voluntad política de jerarquizar una programación mediante la imposición gubernamental sino promocionar y representar para generar las preferencias culturales en la población, como integrante de un sistema de instituciones culturales también disfuncionales para ese propósito– pero, a la vez, se auto-gestionaban otros promotores cubanos o extranjeros más eficaces, y otros mercados mejor dotados y formados afuera, incluso, de la provincia y de la nación. Algunos fueron frenados por la burocracia institucionalizada –como cuándo entre el 2011 y 2013 la Orquesta Original de Manzanillo intentó sin éxito crear su propia compañía o cooperativa artística, y las autoridades de Granma se lo impidieron a base de dilaciones y tecnicismos–, pero aún así obtuvieron cierta independencia y, lo más importante, se mantuvieron más o menos en la preferencia de un determinado público.  Lo que pretendía la dirección de la Orquesta Original de Manzanillo era lo que precisamente estaba en consonancia con los Lineamientos de la Política Económica y Social y su Conceptualización aprobados en el Congreso del PCC y una posterior conferencia; pero no hubo modo de que las autoridades de Granma entre el 2010 y el 2013 lo entendieran así; tampoco en el Instituto Cubano de la Música, rector de la empresas comercializadoras, se mostraron demasiado entusiasmados. 

 X siguió gravitando alrededor de los gobiernos municipales, las direcciones de cultura y las empresas de comercio. Cuando la programación musical centralizada ya no fue una prioridad, X echó manos a otros recursos para gestionarse el trabajo que, tampoco, son el objetivo de este texto y que, tampoco, son el resultado ni de la promoción de las preferencias culturales de los públicos. Cuando llegaron la pandemia de Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo por parte de Trump, X  no trabajaba tanto pues ya la economía y sus tercas realidades habían rebasado por mucho los límites de la voluntad política. Se habían reducido bruscamente los espacios para X, que más o menos medraba entre su labor como músico y su “búsqueda” en los mercados informales, incluso, con la realización de otras actividades extra-artísticas. Todo ello en las nuevas condiciones impuestas por las plataformas comunicacionales debido al aumento de la conectividad a INTERNET en la isla. Tal es así que X se sintió aliviado cuando el Ministerio de Trabajo, desde una postura igualitarista pero humana, dispuso la subvención de todas las unidades artísticas pertenecientes a todos los catálogos del país. Porque ese igualitarismo lo ponía a ganar, al menos mientras estuviera decretada la fase epidémica de la enfermedad, incluso más de lo que con sus actuaciones en los últimos años. 

Pero entonces el gobierno decretó la “nueva normalidad”. Vino el ordenamiento financiero. La inflación. Los nuevos precios. X no recibe anticipo porque es considerado TCP. Tampoco le es admisible la opción que le deja el gobierno de actuar y conformarse con un por ciento de la recaudación obtenida por la puerta. Porque X no es Y. Y hace “música” con dos acordes y un golpe de caja a contra tiempo, pero los jóvenes le hacen cola para verlo y pagan una entrada  a un precio cercano al salario de uno de sus padres.  Tampoco es Z, que es mejor músico que Y, y tan bueno como X, pero no se paró en ciernes ante las prohibiciones o la somnolencia institucional para la creación de cooperativas artísticas, y se procuró sus propios equipos de promoción o sus fuentes de financiamientos para pagar, por ejemplo, los cerca de 10 mil CUC que, antes de morir tal moneda, valía un video-clip. 

Ahora X, como más de un centenar de músicos granmenses, enfrenta un serio drama de supervivencia que se agudiza porque ya no tiene aquellos veinte años de cuando se graduó, ya lleva una familia a cuestas. El drama de X también, directa o indirectamente, se convierte en el drama del Estado en las peores condiciones económicas que se pudieran modelar. Porque el gobierno ha dicho públicamente que nadie quedará desamparado. Si X decidiera renunciar a vivir de la música y solicitar un subsidio, sería un gasto más para el Estado, que no pasaría por el presupuesto del Ministerio de Cultura, pero igual sería un gasto. Una solución sería que X usara su talento y sus habilidades en otras labores disponibles. Esto nos pone ante dos preguntas: ¿Está dispuesto X a tal renunciación? ¿Tiene en oferta el Estado esas otras labores?  Otra solución sería que el Estado se “echara encima” parcialmente a X y, a la vez, ambos trabajaran, de modo creativo y sinérgico, en la modificación de la real causa del drama que comparten: la terrible distorsión de las preferencias culturales a pesar de los presupuestos millonarios que se invierten en el Ministerio de Cultura y el ICRT. 

¿Pero acaso eso no es lo que se ha tratado de hacer hasta ahora? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para lograrlo?

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Portada del semanario alemán Der Spiegel