Reformando Cuba: los supuestos problemáticos

Por Pedro Monreal González

La información divulgada hoy sobre las decisiones adoptadas en el V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) respecto a varios temas relacionados con la actualización del modelo económico y social cubano crea una oportunidad para llamar muy brevemente la atención acerca de algunas cuestiones puntuales.

• ¿Es la unificación de las tasas de cambio un proceso que principalmente consiste en un ordenamiento monetario?
• ¿Es justificada la atención tan notoria que continúa prestándosele al trabajo por cuenta propia (TCP)?
• ¿Ha sido desplazada la reforma empresarial hacia un plano secundario?

Sobre el primer punto ya he comentado en textos anteriores. Me limito a reiterar que tratar de avanzar hacia una unificación cambiaria que inevitablemente implicaría devaluar la actual tasa de cambio oficial sin haber previamente sentado las bases mínimas para que esa poderosa “señal” económica pueda funcionar en el sistema económico, traería más problemas que ventajas.

¿De qué serviría modificar uno de los precios relativos más importantes de la economía -la tasa de cambio- si no existe un tejido económico capaz de procesar adecuadamente esa señal?

¿De que valdría que los mangos cubanos se hicieran muy competitivos después de una devaluación si no van a poder ser exportados por falta de envases?

¿Por qué preocuparse tanto por el posible incremento futuro de los precios de los alimentos como consecuencia de una devaluación, si primero no se resuelve la incapacidad que existe hoy para poner a producir el 56% de la tierra agrícola que no se cultiva, lo cual pudiera ser un factor crucial en una reducción de los precios de los alimentos y en la sustitución de importaciones?

Esto lleva a la segunda y a la tercera preguntas formuladas al principio de esta nota.

El “arreglo” del trabajo por cuenta propia: ¿un problema de capacitación?

La demorada revisión de las políticas relativas al trabajo por cuenta propia (TCP), que finalmente parece estar a punto de materializarse, se ha inclinado hacia dos planos que, sin llegar a afirmar que son insignificantes, son muy discutibles en cuanto a su posible efectividad para producir el cambio de comportamiento que se espera de los “actores” del TCP, en el sentido de su alineamiento con el modelo económico y social que oficialmente se anhela.

De una parte, parecería existir un énfasis legalista-institucional al que cabría hacerle la crítica habitual que se les hace a los enfoques institucionalistas sobre el desarrollo. Considerar que una serie de “normas jurídicas de mayor rango” (y las de rango menor) van a modificar, por sí solas o mayormente, el comportamiento económico y social -en el sentido deseado- de los casi 600 mil poseedores de licencias de TCP es un supuesto problemático.

Para empezar, el término de “instituciones” puede ser entendido de diversas maneras. Muchos economistas cubanos lo utilizamos, de manera laxa, en el sentido de “reglas del juego” -a lo Douglas C. North- pero considero que se trata más de una manera de comunicar que de apego a la teoría del institucionalismo económico. Eso es lo que creo.

En cualquier caso, el problema radica en que las instituciones y el marco jurídico que las acompaña, por ejemplo, las “reglas del juego” para el TCP, no son entidades compactas con una racionalidad económica que las haga previsibles. Bastaría “mirar dentro” de esas instituciones para intuir la madeja de factores de distinto tipo -incluyendo los culturales- que determinan los intereses y comportamientos dentro de las “instituciones”.

En términos más simples: es muy distinto “meter en cintura” a determinados “actores” económicos y sociales a lograr que el comportamiento de estos sea funcional al proceso de desarrollo.

Por otra parte, parece existir un segundo supuesto igualmente problemático: asumir las disfuncionalidades actuales del TCP y de los funcionarios que deben controlarlo como un problema de falta de capacitación (parece entenderse que de tipo jurídica).

De nuevo, no se trata de minimizar el papel positivo de la capacitación, pero apostar en grande a la capacitación en el marco de una reforma económica es arriesgado. La razón es doble: una reforma es esencialmente acerca de modificaciones que no pueden ser planificadas de antemano, según una trayectoria predeterminada. Es precisamente lo que acaba de decirse en el V Pleno del Comité Central del PCC.

Adicionalmente, el desarrollo no es un proceso lineal en el sentido de que determinados “insumos”, como la capacitación, no se manifiestan necesariamente como mejores “salidas” o “resultados” superiores. Intervienen otros factores que muchas veces no son considerados como “insumos”. Las variables de “entrada” pueden modificarse como resultado del propio funcionamiento del sistema, en direcciones no predecibles. En la jerga de los economistas, el desarrollo es un proceso con un alto componente de “endogeneidad”.

Prestarle demasiada atención a una “variable” como la capacitación, esperando determinados resultados de ella, pudiera conducir a descuidar otros cambios que son necesarios para que la capacitación pudiera tener un efecto sostenible.

Pudiera ser que permitir al acceso del TCP a los mercados mayoristas que ya existen (no hace falta crear esos mercados, es un problema de permitir el acceso a ellos) tuviese un efecto más inmediato y significativo en lograr el alineamiento deseable del TCP al modelo al que se aspira, en comparación con los planes de capacitación.

Obviamente no puedo demostrarlo, como tampoco creo que pudiera demostrar alguien, de manera anticipada, que la capacitación va a resolver el problema. La diferencia es que el acceso a esos mercados mayorista pudiera ser una acción inmediata y a un costo relativamente bajo. Sin embargo, tratar de capacitar más de 600 mil personas lleva más tiempo y seguramente no es algo barato.

El tejido empresarial cubano debería recibir mayor prioridad

Las discusiones recientes acerca del trabajo por cuenta propia (TCP) pudieran desviar la atención sobre cuestiones más importantes que siguen sin atenderse adecuadamente. El papel del TCP en el proceso de cambios actuales no puede ser minimizado, pero tampoco tiene sentido desgastarse mucho en una discusión cíclica -que ya se ha convertido en una discusión circular- sobre el asunto. A fin de cuentas, la economía cubana no va a desarrollarse sobre la base del TCP.

Ese no es el plano donde deberían producirse las discusiones sobre dos puntos cruciales de la transformación del modelo: la acrecentada función del mercado en la regulación de la economía nacional, y el papel de la empresa privada nacional.

Hago una acotación importante: esas son discusiones que deben producirse integradas a la reforma de la empresa estatal. Si se separan estas discusiones, como mayormente viene sucediendo hasta ahora, se pierde de vista la coherencia del proceso de reforma.

Aquí no acudimos a la teoría. Es algo muy concreto. En el minuto en el que la reforma empresarial se reduzca a ser a una visión de perfeccionamiento de la empresa estatal y se ignore totalmente la empresa privada nacional, se habría perdido de entrada la “batalla” por el tejido empresarial nacional. Habrá mangos, pero no envases, y salinas, pero no habrá sal.

Cuando se habla de avanzar hacia una planificación socialista descentralizada, a lo que se hace referencia -esencialmente- es a dos cosas: la función reguladora del mercado y el mayor peso económico de las empresas privadas y cooperativas.

En primer lugar, se supone que el Estado cubano transfiera al mercado una parte importante de las funciones de la regulación económica que hoy ejerce: decisiones sobre inversiones, producción consumo, precios, etc. Podrá adornarse como se quiera esa cuestión, pero ese es el nudo del reto de la descentralización. En los momentos iniciales de la reforma, se refiere principalmente al funcionamiento del mercado entre las empresas estatales y entre estas y otras entidades.

Tendría que ver más con la modificación de las prácticas actuales de formación de precios que con simples reducciones del número de indicadores directivos. Implicaría más un proceso de regulación de la competencia, que el fútil rejuego institucional que ha acabado por desdibujar legalmente lo que siempre fueron empresas con tal de mantener estructuras administrativas verticales donde no funciona el mercado.

En segundo lugar, la planificación socialista descentralizada significaría crear condiciones para que junto a las empresas estatales coexistan las empresas privadas nacionales, las empresas extranjeras, y también a otros agentes económicos como las cooperativas y el TCP. No se trata de “nivelar el terreno de juego” mediante un mercado idealizado, pues la empresa estatal tiene funciones muy particulares. Se trata de poner “reglas” que permita que cada tipo (y sub-tipos) de empresas pueda funcionar bien en el terreno (distinto) que le corresponda.

Tendría que ver, en el plazo inmediato, más con crear las condiciones para acabar de establecer la empresa privada nacional (definida oficialmente en el documento de la “Conceptualización” desde hace ya casi dos años), que en seguirle dedicando un tiempo excesivo al TCP.

Pasaría también por avanzar desde un enfoque de regulaciones fragmentadas (por ejemplo, el Decreto-Ley No. 334 y los Decretos Nos. 334, 335 y 336, de diciembre de 2017) hacia una Ley de Empresas general, aplicable a todos los tipos de empresas y no solamente a las estatales. El documento de la Conceptualización es claro respecto a la complementariedad de los tipos de empresas.

Resumiendo

Las decisiones anunciadas hoy son importantes y se encaminan en una dirección promisoria. Reflejan un análisis crítico oportuno y parten de considerar la complejidad del proceso de transformaciones.

Aunque la información divulgada hasta ahora es todavía limitada, parecen existir algunos supuestos problemáticos que pudiera ser conveniente examinar con mayor detenimiento.

El tema de la reforma empresarial parece ser un buen punto de entrada para hacer una discusión que integre diversos componentes que pudieran representar acciones de política económica en el corto plazo, en particular, lo relativo a una Ley de Empresas, aplicable a las empresas de cualquier tipo de propiedad.

Fuente: https://elestadocomotal.com/2018/03/27/reformando-cuba-los-supuestos-problematicos/