La carta al acusado o juez y parte

                                                          por Guillermo Rodríguez Rivera

Tengo una amiga que vive en una cooperativa agraria. Su abuelo, campesino propietario de una pequeña extensión de tierra, la había entregado a la cooperativa y la cooperativa, en compensación, le gestionó un crédito que le permitió la compra de los materiales necesarios para construirse una casa de dos habitaciones a la entrada del poblado que sería el de todos los cooperativistas.

Pero la casa no era suya. Se le otorgaba en usufructo.

Para producir la entrega de la tierra, se firmaron contratos en los que se ofrecía al campesino generosas cuotas de los alimentos que la entidad produciría. En otro contrato, se establecía que a los veinte años de permanencia del campesino y su familia en la cooperativa, y habiendo saldado el crédito otorgado para la compra de los materiales, la casa construida por él, pasaría del usufructo a la propiedad. Al término de esas dos décadas se entregarían los títulos de propiedad correspondientes. Era bastante tiempo para poseer una casa que uno mismo ha construido. Acaso 20 años – como lo eran para Carlos Gardel -- sean pocos para una cooperativa, pero son muchos para la vida de un hombre. El viejo campesino murió sin que el plazo se cumpliera, y la casa paso a manos de su esposa y finalmente a las de mi amiga, que era su nieta.

Las entregas de alimentos – una vez que la tierra había sido entregada a la entidad – empezaron a disminuir rápidamente.

Cuando se cumplieron los veinte años establecidos por contrato para el otorgamiento de la propiedad, mi amiga, a través del abogado de la cooperativa, presentó los comprobantes de haber pagado la deuda del crédito y reclamó ante la dirección municipal de la vivienda donde estaba ubicada su casa, que le entregaran el título de propiedad que le correspondía.

Pero resultó que la Dirección Municipal de la Vivienda no tenía orientación al respecto y se negaba a otorgar el título de propiedad. No, no tenía conocimiento alguno de ese contrato firmado veinte años atrás.

Mi amiga fue reclamando hacia arriba: apeló a los niveles provincial y nacional de la vivienda, que a su vez la mandaba a gestionar el asunto en la ANAP o el Ministerio de la Agricultura, que decían, por su parte, que no estaban facultados para solucionar un problema de vivienda.

A los 5 años de navegar en la turbulentas e inútiles aguas de nuestra burocracia, sin que el problema se resolviera, dirigió una carta al Consejo de Estado. La respuesta, que llegó demorada  era, sencillamente, que su carta había sido enviada a la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente, el punto primero al que ella había acudido. No había otra solución: ella debía personarse allí, porque ese era la instancia que debía atender su demanda.

Mi amiga, desconcertada e indignada, volvió al lugar al que originalmente había acudido, y en el que le dieron la misma respuesta de 5 ó 6 años atrás. Finalmente, a los dos años, todo indica que el problema no era únicamente el de mi amiga, sino el de todos los cooperativistas del país que habían firmado el mismo contrato veinte años atrás, y que la dependencia del estado encargada de hacerlo cumplir, ignoraba soberanamente.

Ante lo que obviamente era ya un problema nacional, la más alta instancia de la Vivienda tuvo a bien  (¡el parto de los montes!)  dictar una resolución reconociendo los contratos veinteañeros y disponiendo que se entregaran las propiedades a los reclamantes.

No todo el mundo puede aspirar a que su problema alcance proporciones nacionales. El ciudadano que tenga que hacer una reclamación, si no tiene respuesta y tiene que llegar a las más altas instancias, sólo comprobará que estas devuelven la reclamación a aquél que la motivó: la acusación se le entrega al acusado y vuelta a empezar el agotador y estéril proceso de la reclamación.

A mí me parece que el procedimiento es la negación de la justicia y opera casi como una burla al ciudadano que reclama. El mensaje que él recibe es este: “No pienses que voy a actuar contra el subordinado que está bajo mis órdenes. Nunca lo haré por una reclamación tuya ni de nadie como tú. Vuelve a él porque sólo él puede decidir”.

Hace poco alguien – no recuerdo quien – pedía en un artículo establecer en Cuba la figura del Defensor del Pueblo, que existe en España. No sé si debiéramos darle ese melodramático nombre que, en cierto sentido, apela ya, antes de resolver nada, a buscar la simpatía de los de abajo.

Pero no me cabe la menor duda de que necesitamos una instancia que atienda efectivamente las reclamaciones de los ciudadanos, y esté constitucionalmente facultada para actuar en consecuencia. Hasta hoy, el Consejo de Estado ha declinado ese deber.