Por Julio Carranza
La economía tiene diferentes sectores productivos y de servicios, siempre susceptibles y necesitados de análisis sectoriales específicos, que tienen que ver desde su organización y funcionamiento, hasta otros factores como las tecnologías, escalas, inversiones, etc.
Sin embargo, ningún sector de la economía existe de manera aislada y sin conexiones que impactan sobre el todo, quiere decir, que cualquier análisis o decisión que se realice o se tome en un sector concreto debe ser considerado en su relación e impactos sobre la dinámica económica general.
A caso vienen estos dos párrafos introductorios, para referirnos a la reciente Resolución 275/2024 del Ministerio de Agricultura, que se plantea fortalecer la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en 2022, porque consideramos honestamente que en la práctica esta nueva Resolución se coloca en dirección contraria a lo que muchos economistas hemos venido planteado acerca de las exigencias que plantea hoy y desde hace tiempo, el sector agropecuario para realmente fortalecer la Ley 148 de 2022.
Como se sabe, uno de los principales problemas actuales de Cuba es el nivel de inflación con fuertes y negativos impactos sobre la población, sobre las causas de esta y sus alternativas de solución nos hemos referido en extenso en otros textos ya publicados, ahora nos interesa destacar que uno de los sectores que más influyen en los altos niveles de precios que se observan en los mercados son los alimentos. En esto actúan varios factores, desde una importante caída y muy lenta recuperación en su producción, hasta factores “extra sectoriales” como el alto déficit presupuestario que se viene arrastrando en los últimos años (18,5% del PIB planificado para este 2024)
En los bajos niveles de producción y eficiencia en la producción agropecuaria actualmente existentes inciden, desde los objetivos y fuertes impactos del bloqueo, hasta serios problemas en el modelo de funcionamiento del sector y un nivel muy reducido de la inversión nacional asignada a este.
Como es obvio, el primero de esos factores está por fuera del alcance de las decisiones que se pueden tomar por el gobierno para superarlo, más allá de la justa denuncia y la presión internacional en espacios como la ONU, sin embargo, los otros dos factores, que tienen un peso enorme en los resultados de la producción agropecuaria, sí están totalmente en las manos de la política económica que se decide e implementa en el país.
Si estos factores no se asumen claramente, sucede una mayor confusión acerca de las causas que tienen a la economía en la situación actual y por lo tanto pueden tomarse decisiones contraproducentes que, lejos de superar los problemas, con frecuencia los agravan, como ha sido el caso de muchas de las decisiones que se han tomado, la más significativa de ellas, debido a su alcance, el ordenamiento monetario de 2021, afectado además por problemas de secuencia y falta de condiciones para su implementación, vale también para la forma en que se ha concebido e implementado la bancarización. Considero (cómo otros economistas también lo han tempranamente expresado) que este muy probablemente será el caso de la actual Resolución del Ministerio de la Agricultura a la cual nos referimos en este texto.
Está demostrado hasta la saciedad por la historia, la del socialismo incluida, que los problemas de la economía no se pueden solucionar con métodos administrativos y de órdenes centralizadas de carácter burocrático. El estado y sus instituciones, con mayor razón un estado socialista, tiene la responsabilidad de regular la economía y controlar las disposiciones que la hagan funcionar mejor y garantizar una distribución más justa de los recursos en general, pero si se desconocen las circunstancias de la realidad sobre la que se actúa, las evidencias y las lecciones de la historia, se puede avanzar en una dirección contraria al logro de esos objetivos, las consecuencias de esta marcha forzada pueden ser muy negativas y hasta determinantes.
La nueva Resolución se refiere, entre otros aspectos, pero mayormente, a las relaciones contractuales entre los productores agropecuarios, fundamentalmente las que corresponden al sector no estatal con las instituciones económicas y de gobierno del estado. No era este un asunto que “anduviera suelto”, ya estaban establecidas determinados mecanismos, cómo el compromiso de los productores con los encargos estatales y la asistencia de estos con parte de sus producciones a los mercados de libre oferta y demanda, todo bajo las regulaciones correspondientes, más allá de las conocidas restricciones y los problemas de eficacia en instituciones cómo Acopio.
Lejos de tratar de profundizar en el mejoramiento del funcionamiento de estos circuitos y mantener una observación sistemática y precisa sobre el funcionamiento de los mercados para regularlos adecuadamente, así como un acertado método, no exclusivamente administrativo, para asegurar los encargos estatales, se vuelve a apelar al establecimiento de nuevos mecanismos extraeconómicos más rígidos aún que los previamente existentes, en este caso referido a los contratos, que deben determinar el destino y los precios de la producción de alimentos, estrechando los márgenes de operación y potencialidades de rentabilidad de los productores agropecuarios.
Esta nueva decisión en lugar de incentivar a mayores niveles de producción, productividad e intensidad del trabajo, así como a fomentar y retener empleo en ese estratégico sector (el mayor empleador del país) puede impactar negativamente y conducir a un probable crecimiento del mercado negro. Como suele ocurrir, a más burocracia y controles paralizantes, más mercado negro y contracción de la producción, “película” que, por cierto, ya hemos visto muchas otras veces, de ahí la importancia de no desconocer la historia al decidir la política.
Los “problemas en los contratos” en este sector, se deben a causas más profundas que determinan los bajos niveles de producción y no fundamentalmente en la formas bajo la cual estos se establecen, supuestamente demasiado “flexibles” hasta el momento. Esas otras causas, a las cuales nos referiremos, son las que dan lugar a la baja producción y a la especulación de precios en el mercado, confundir aquí causa y efecto tienta inmediatamente la apelación a más rígidos mecanismos administrativos cuyo resultado puede ser todo lo contrario a lo que se plantean solucionar.
Cómo hemos expresado en diversas ocasiones, las causas más profundas de los serios problemas que presenta hoy la producción de alimentos en Cuba está, de una parte, en el funcionamiento de un subsistema de producción agropecuaria que ya no opera adecuadamente, reduce y distorsiona los incentivos, así cómo a una política de inversiones que continúa manteniendo una concentración mayor del 30% en el sector turístico e inmobiliario, mientras el sector agropecuaria recibe menos del 3%, además, claro está, de los efectos nocivos del bloqueo.
Esta desproporción de las inversiones es muy difícil de defender, en un momento en el cual la seguridad alimentaria no está garantizada y cuando el precio de los alimentos, en gran medida, aunque no solamente, se explica por los bajos niveles de oferta, lo cual es un factor fundamental en la inflación. No hay que olvidar que en la producción de alimentos está implicado un asunto de seguridad nacional.
La baja inversión en la agricultura afecta la disposición de factores fundamentales para la producción, desde fertilizantes, herbicidas, etc, hasta agua para regadío, maquinaria, tecnologías e infraestructura en general, además de problemas de escala en el tamaño de las extensiones de tierra que se les permite cultivar a los productores no estatales, dificultades en la comercialización, etc, cuando son estos, como demuestran las estadísticas oficiales, los principales generadores de alimentos en la Cuba de hoy.
Son todos esos factores los que deben ser objeto de análisis y transformación para una reconstrucción fundamental del subsistema de producción agropecuaria, como parte de la reforma integral de la economía nacional.
El problema esencial es que esto no solo tiene consecuencias económicas, también políticas, es una Resolución que puede generar mayores descontentos y rupturas, bajar la producción, aumentar el mercado negro y el desempleo, acaso no sería ese análisis mayor y más integral responsabilidad de la dirección del gobierno y del partido, sin embargo se trata de una Resolución del Ministerio de Agricultura, creemos que insuficientemente discutida, con impactos mucho más allá de su alcance sectorial.
6 de Septiembre 2024
___________________
* Recibido por email
3 comentarios:
Juan Triana Cordobí: Mipymes, ¿complemento o apéndice de la economía cubana?
Hubo un tiempo en que en Cuba identificamos a la Inversión Extranjera Directa (IED) procedente de los países capitalistas como un mecanismo de extorsión de los países ricos sobre los países pobres —lo cual es cierto en buena medida—, y en nuestro caso específico, la IED se vio como enemigo de la Revolución y del socialismo. Nos protegimos de esa AMENAZA para impedir que se aprovecharan de nuestro país y del trabajo de todos los cubanos.
Después vino otro tiempo en que —porque no quedó más remedio luego de la desaparición del campo socialista y del socialismo soviético— se cambió ese enfoque/percepción/juicio ideológico y entonces se comenzó a asumir la IED como un MAL NECESARIO.
Para protegernos de ese mal, cuidar nuestra soberanía y evitar la contaminación ideológica se inventaron decretos leyes, después leyes, reglamentos y organizaciones —por ejemplo, las agencias de contratación de personal— muchas de las cuales aún permanecen, y otras persisten en las “propias cabezas acomodadas” de muchos.
Luego se descubrió y se consideró que la IED era una NECESIDAD ESTRATÉGICA para el desarrollo del país. Sin embargo, lejos de crear normas coherentes con esa nuevo enfoque/percepción/juicio, las normas y procedimientos —las reglas del juego para este caso— siguen estando alejadas de nuestras reales necesidades y nos han llevado hasta poder compararnos con Haití en cuanto a los flujos de inversión extranjera. Muchas de esas reglas del juego han terminado espantando muchos posibles y buenos negocios, que hubieran ayudado a la reconstrucción productiva de nuestro país.
Es cierto que el bloqueo de Estados Unidos ha contribuido significativamente a frustrar esas posibilidades, pero no sería una pérdida de tiempo poder establecer, con datos que lamentablemente no son públicos, cuántos otros muy buenos negocios se han malogrado por esas normas y, con ello, han ayudado —quizá sin querer, pero no por desconocimiento—, a la política del Gobierno de Estados Unidos que busca ahogar a nuestro pueblo.
Hubo un tiempo también en que “lo no estatal” fue considerado por default como enemigo de la Revolución y del socialismo, como indigno e inmoral, antipatriótico y como ideológicamente perverso, y fue excomulgado de nuestra sociedad. Luego fue incluido dentro de los males necesarios. Ya bien entrado este nuevo siglo, que nos ha sorprendido con cosas tan viejas, ha sido elevado a la categoría de COMPLEMENTO.
Pero, después del reciente paquete regulatorio, es como si, más que complemento, se considerara y se tratara como un APÉNDICE prescindible.
Adelantaré algunas consideraciones sobre ese nuevo paquete regulatorio que tantas opiniones ha levantado hasta el momento y que tantas otras va a producir en el futuro, en la medida en que nuevos decretos y reglamentos se sumen al publicado.
Mipymes... (2) ¿Un complemento inconveniente?
Lo primero que llama la atención es que, siendo el sector no estatal un “complemento” —apenas representa el 15 % del PIB y mucho menos de las exportaciones— al complemento se le haya dedicado tanto tiempo, esfuerzo legislativo y mediático.
Mientras, al corazón de la reforma, al motor de la economía, al sistema empresarial estatal, se le mantiene en espera de una ley que, aunque no será la varita mágica, debe ayudar a que ese sistema lidere la reconstrucción productiva del país. Y ya son varios los años de espera.
Si nuestra economía anda mal no es porque hace dos años se hayan “permitido” las mipymes, ni porque florezcan bodeguitas, bodegones, quincallas y timbiriches, amparados en esa figura de TCP; ni porque los primos de “afuera” pasen un dinero para que los de adentro hagan su “trigo”.
Tampoco es porque esas mipymes estén poniendo precios exorbitantes, debido, entre otros factores, a que deben trabajar con una tasa de cambio que no es la “oficial”, porque nuestras autoridades monetarias no han sabido/podido resolver ese problema heredado de un ordenamiento monetario mal concebido y peor ejecutado. Pero han venido bien las mipymes para compartir esas culpas, igual que a veces han servido los ciclones o las sequías.
Si nuestra economía anda mal —bloqueo y lista mentirosa de patrocinio del terrorismo incluidos—, es porque nuestro sistema empresarial estatal y socialista, responsable del 90 % de todas las ventas del país, de más del 80 % de las exportaciones y receptor de todas las inversiones, ya sea con fuentes propias o extranjeras, ha estado sometido a regulaciones arcaicas —planificación incluida—, maniatadas por sus ministerios respectivos, cuyas burocracias no alcanzan a adaptarse a estos tiempos.
Luego de años de anuncios reiterados, la esperada ley de empresas sigue aguardando por el consenso y dependiendo de los que no desean que la empresa estatal sea lo que debe ser.
La economía cubana anda mal porque no se logran suficientes ingresos por exportaciones. Y sí, es cierto, los nuevos actores en su casi totalidad no tienen aún vocación exportadora. Sin embargo, de las más de 2000 empresas estatales, solo en 20 de ellas —esto es, en menos del 1 % del total— se concentra el 80 % de los ingresos por exportaciones.
Si el motor principal de la reforma, la empresa estatal, que tiene la ventaja de acceder a los recursos y las inversiones, que integra delegaciones oficiales para promover exportaciones, que accede con ventaja a las empresas extranjeras interesadas en establecer negocios en Cuba no logra una dinámica exportadora, entonces cómo pedirle al “complemento/apéndice” que se convierta en una “potencia exportadora”.
Pero a pesar de las evidencias, desde los reguladores se ha hecho énfasis en que una de las razones por las cuales nuestras empresas estatales no obtienen los resultados que debieran es porque están en desventaja con relación a las mipymes, para lo cual se ha legislado un decreto ley que intenta poner a las mipymes lo más cerca posible de las condiciones bajo las que operan las empresas estatales. ¡Vaya con la innovación institucional!
Mipymes (3 y fin) El déficit fiscal que nos agobia
Las mipymes, y en general los actores no estatales, han puesto en evidencia cuánto puede aportar ese sector a reducir ese flagelo que es y ha sido el déficit fiscal. Han contribuido con 30 mil millones de pesos (el 9 % de los ingresos brutos recaudados y el 15 % de los tributarios) a los ingresos fiscales y quedan otros 40 mil millones que se han perdido por evasión fiscal.
Sin duda elevar la disciplina fiscal es decisivo, nadie en su sano juicio puede negarlo. Actuar para reducir esa evasión es muy importante. Pero de no existir las mipymes y los TCP esos 30 mil millones no existirían hoy y aquel potencial que queda por recuperar, tampoco.
Por eso llama la atención que, en vez de promover la creación de más actores no estatales, de implementar mecanismos más expeditos para su creación, disminuyendo trabas burocráticas, el balance de lo legislado en este último paquete sea de más dificultades. Por ejemplo: presentación de un proyecto; objeto social restringido; mantenimiento de actividades prohibidas; subordinación de la aprobación a la estrategia de desarrollo del municipio en el cual se propone —estrategia, por cierto, que a los propios ciudadanos de esos municipios les cuesta mucho conocer—, obligatoriedad de circunscribir su actividad al territorio del municipio donde el actor tiene su residencia fiscal, etc.
Lejos de facilitar el nacimiento y crecimiento de nuevos actores, reduce y desestimula su creación. Por lo que ese objetivo de hacer más nutrido el tejido empresarial, algo que nuestra realidad ha evidenciado, no parece que pueda alcanzarse fácilmente.
Pero junto a la elevación de la disciplina fiscal de los actores no estatales deberían reducirse significativamente los gastos, las transferencias desde el presupuesto al sistema empresarial estatal y hacer más transparente los destinos de los ingresos, en especial en los municipios.
Habría que ordenar también esta otra parte de la ecuación, porque el estado de nuestras infraestructuras, de nuestros hospitales, de nuestras escuelas, de servicios básicos como la recogida y tratamiento de la basura, dejan hoy mucho que desear y mueven al ciudadano, sea o no un nuevo actor, a preguntarse por la utilización de sus dineros.
Las más de 160 páginas del nuevo decreto contienen contenido suficiente para contrastar propósitos y realidades de nuestra economía.
Para muchos, el apéndice —ese órgano insignificante con el que nacemos— es, cuando más, un olvido de la evolución o del Creador, y solo estaba ahí para molestar y complicarnos la existencia, porque al final puede ser amputado sin consecuencias para la salud. Su función es producir y proteger las bacterias buenas de nuestro organismo, pero no es indispensable.
Así pues, nos acordamos del apéndice cuando se inflama y nos produce apendicitis o cuando no la atendemos a tiempo y entonces nos puede conducir a una peritonitis.
Pareciera que nuestras mipymes, todas ellas, así como los TCP y todos los que integran el llamado sector no estatal, luego de este decreto, se acercan más al apéndice que al complemento.
https://oncubanews.com/opinion/columnas/contrapesos/mipymes-complemento-o-apendice-de-la-economia-cubana/
Publicar un comentario