¿Hasta cuándo será el deterioro de la economía cubana?

Omar Everleny Pérez Villanueva

Temo no equivocarme si dijese que en los últimos tiempos la pregunta que más se escucha en la calle es «¿Hasta cuándo …?» Y se deja un espacio de tiempo, para que cada cual complete la pregunta. Hasta cuándo seguirán los problemas de la electricidad, o del agua, o hasta cuándo seguirá el bloqueo de EE.UU. hacia Cuba, y muchas otras interminables frases complementarias.

Por mi parte, como economista y cubano, la pregunta la suelo complementar así: ¿Hasta cuándo seguirá el gobierno sin tomar medidas económicas efectivas, que permitan al país salir de la aguda crisis en la que se encuentra? Intenté encontrar algunas respuestas en el Programa de Gobierno recién presentado, pero en su lectura hallé más deseos que realidades.

Tal parece que el gobierno se ha atrincherado en la idea de que la situación alcanzada solamente se debe a los efectos del bloqueo de EE. UU. y que no se puede hacer nada más, o es poco lo que pueden hacer para revertirla. Que solo nos queda resistir y resistir…

Si esa es la idea, se olvidan de que poco se puede hacer contra decisiones de terceros, pero mucho se puede hacer a lo interno, en lo que depende de uno mismo. Siempre recuerdo que en los años 90 del siglo pasado el bloqueo se recrudeció, pues EE.UU. esperó graves afectaciones en Cuba por la caída de la Unión Soviética y del campo socialista. Sin embargo, internamente se despenalizaron las divisas extranjeras, se permitieron los mercados campesinos de oferta y demanda, se abrió el país al turismo internacional, se estimuló la inversión extranjera en variados sectores, por poner solo algunos ejemplos. Y pronto empezaron a verse resultados, muy a pesar del bloqueo recrudecido, los indicadores macroeconómicos comenzaron a mejorar.
Las causas externas de la crisis

No cabe dudas de que el bloqueo de EE.UU. contra Cuba daña a la economía del país y a los cubanos. Sus efectos van más allá de que Cuba no pueda comprar algunos productos en EE.UU., porque en el mundo se producen y se comercializan más mercancías, y más ahora cuando China se ha convertido en la fábrica del planeta. Tampoco se reduce a que el mercado norteamericano esté bien cerca y los fletes para embarques de ese país son menos costosos. En definitiva, los costos de producción, incluyendo también los de mano de obra, hacen que los propios EE.UU. importen gran variedad de productos desde la lejana China y desde otros países asiáticos. Igualmente, la cuestión no solo está en que no podamos vender nuestros productos en el mercado del vecino del norte, ya que nuestras producciones han caído tanto, que ni siquiera suplimos la demanda de nuestros principales socios, por lo que no es falta de mercado lo que enfrenta Cuba en la actualidad.

Tampoco podemos olvidarnos que una parte importante del pollo y otros alimentos que se consumen en Cuba provienen de Estados Unidos, si bien con licencias especiales que obligan a pagar al contado, con bancos que cobran altas comisiones por los riesgos, y muchos de ellos ya son traídos principalmente por el sector privado, que ha podido —más que el Estado— engranar un sistema eficiente para importarlos y venderlos en la Isla.

Pero es cierto que el bloqueo daña grandemente la economía cubana; ha impuesto enormes multas a los bancos que han hecho transacciones en USD con Cuba —la moneda naturalizada en el comercio mundial—, lo que ha provocado que muchos bancos extranjeros rechacen trabajar con los bancos cubanos. Igualmente se persiguen los embarques de petróleo hacia la Isla, se limitan las operaciones de aseguradoras internacionales, se restringen operaciones de navieras que tocan puertos cubanos, se prohíbe que empresas extranjeras con capital norteamericano dentro de sus acciones vendan sus productos a Cuba.

Unido a esto, las medidas coercitivas afectan el comercio, pues se prohíbe la venta a Cuba si el producto a adquirir contiene un porciento determinado de componentes norteamericanos, incluyendo patentes; lo mismo, si el producto a adquirir por EE.UU. contiene un porciento elevado de níquel cubano. Todo ello obstaculiza las inversiones extranjeras en Cuba, por el temor de los inversionistas de quedar demandados por estar «traficando» con bienes expropiados luego de 1959.

Por demás las restricciones sobre viajes dañan el turismo, incluidos los negocios privados, pues los norteamericanos no pueden viajar a la Isla, y los residentes en la Unión Europea quedan fuera del programa ESTA —que les permite ir a Estados Unidos sin visa— si pisan territorio cubano. Por si fuera poco, las restricciones bancarias encarecen y hacen más complicadas las remesas de ayudas familiares desde EE.UU. hacia Cuba.

La política de EE.UU. no solo daña a los cubanos, sino que yo diría que es contraproducente para los propios EE.UU. La prueba de ello es que al abrirse las relaciones diplomáticas, en el período del presidente Obama, se vio una gran afluencia de capitales, en forma de restaurantes privados, taxis, habitaciones particulares a disposición del creciente turismo, compras de casas y apartamentos y otros, que aumentaron el nivel de vida de una parte de la población y redujeron considerablemente el afán de emigrar de los cubanos.

El bloqueo va dirigido a aumentar el descontento de la población, con la expectativa de una rebelión popular contra el gobierno. Pero es más que ingenuo pensar que daña solo al gobierno. En la realidad, lo que logra es estimular una mayor emigración, descontrolada e ilegal, que va en contra de los propios intereses norteamericanos. Incluso, si el bloqueo efectivamente diera como resultado una hipotética rebelión popular, ¿quién garantizaría que la situación no traería más disturbios, escenarios incontrolables, que conllevara a más emigración y presiones en las fronteras de EE.UU.?

Digo todo esto porque la práctica ha demostrado que la confrontación violatoria del derecho internacional no es el camino por seguir, pero está claro que es poco lo que Cuba puede hacer para evitarla, salvo ceder su soberanía, algo que ningún Estado se siente inclinado a hacer.

No obstante, también hay que decir que las políticas económicas se lo han puesto fácil. Al concentrar parte de las empresas más recaudadoras de divisas en manos de GAESA (conglomerado de las fuerzas armadas), muchas de las cuales anteriormente eran empresas estatales con carácter público, estas son mucho más sensibles a recibir sanciones por parte de Estados Unidos. Por demás, las empresas del GAE que están fuera del control de la Asamblea Nacional, o de la Contraloría, o de los Ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios, han centrado su estrategia económica de los últimos años en la construcción de hoteles, sin ocupar debidamente los existentes.
Los acumulados

Ahora que la crisis es innegable el gobierno suele mencionar que los problemas actuales son «expresiones concretas… de los problemas acumulados», o de «distorsiones» que hay que «corregir». Pero, ¿hasta cuándo seguirán existiendo esos problemas y distorsiones? ¿Cómo pueden solucionarse sin hacer una reforma estructural del sistema que los provocó? Si los problemas acumulados no están siendo corregidos seguirán acumulándose en el tiempo, y se siguen agregando nuevos problemas y distorsiones, para los cuales tampoco se vislumbran soluciones.

Tomemos la dolarización. Está claro que la llamada unificación monetaria fue un fracaso. Pero no lo acaban de admitir abiertamente y siguen extendiendo el uso del dólar, y a la misma vez se pregona que se apuesta por la desdolarización y por el peso cubano. Y en esto hay que ser claros, ninguna dolarización a medias ha funcionado: o se dolariza, o se refuerza la moneda nacional, son caminos opuestos, por tanto, no pueden transitarse en paralelo.

Si no hay una estrategia clara de verdadera unificación monetaria —es difícil tenerla, en un ambiente de tipos de cambio fijos con escasez de divisas—, acaben de reconocer la dolarización, pero con mejor y abierta ejecución: con ventas en divisas de empresas cubanas hacia las cadenas de tiendas, para estimular la sustitución de importaciones; con mejores ganancias para los productores y no para las cadenas de tiendas; con mejores salarios, en divisas, para los trabajadores de esas empresas productoras que logren vender sus productos en ese mercado. Son propuestas que están en la mesa desde hace mucho tiempo, y no han sido aplicadas.

Por demás, si el camino sigue siendo la dolarización, hay que acabar de permitir que las mipymes comercialicen sus productos en divisas, o mediante tarjetas clásicas. En definitiva, las ventas de las mipymes parten de importaciones y son dirigidas a satisfacer demanda de parte del mercado, con ingresos en divisas. Y así podrán combatir mejor el mercado informal de divisas y las transferencias de fondos hacia el exterior, que actualmente obvian el sistema financiero cubano.

En adición, mientras no haya una sola moneda y un tipo de cambio variable y único para empresas estatales y privadas, se debe garantizar el acceso de los importadores a la divisa por caminos legales, ya sea permitiéndoles cobrar en moneda fuerte, autorizando las casas de cambio privadas, o estableciendo un sistema de cambio con bancos estatales. Solo así podrá eliminarse el mercado informal de divisas, sin necesidad de atacar a la publicación que ha intentado mostrar un estimado de la cotización del dólar en grupos de compra-venta. Que la población y los comerciantes utilicen como referencia una tasa publicada en un medio de comunicación, en vez de la del sistema bancario, dice más del sistema bancario que del medio de comunicación.

Probablemente, una de las medidas económicas más trascendentales de los últimos años ha sido la aprobación de empresas privadas de responsabilidad limitada. Pero las potencialidades de esta modalidad empresarial no se pueden desplegar más ampliamente, si muchas de ellas deben convivir en un ambiente de ilegalidad permanente, al verse obligadas a canjear CUP a divisas en un mercado no oficial, y después buscar variadas formas de hacer llegar las divisas a cuentas en el exterior.

Definitivamente, hay que abolir el despojo que se le hace a la población, cuando reciben transferencias bancarias internacionales, de ayudas familiares, y se les abonan en cuentas en algunas ocasiones en MLC, sin acceso a tiendas en divisas, sin acceso a gasolina, apenas sin acceso a efectivo en divisas y con un marcado desabastecimiento de los productos básicos en las tiendas estatales. Eso no espera ni un minuto más, solo crea descontento y falta de confianza en el gobierno y en sus políticas económicas. ¿Qué para ello deben negociar con el GAE? Pues háganlo…

Con las utilidades en las ventas en las nuevas tiendas en USD, se deben ir reponiendo, gradualmente, los ahorros de la población en sus cuentas en USD, convertidas en la práctica en cuentas en MLC, con mucho menor respaldo. En los tiempos de la COVID pudo haber sido necesario tomar esos fondos para necesidades del Estado, pero no se puede eternizar la pérdida de los ahorros de la población, que solo trae consigo malestar y sensación de haber sufrido una acción en su contra a gran escala. Puede que no se pueda hacer de inmediato, porque las ganancias de las nuevas ventas son insuficientes y necesarias para otros fines, pero un porciento habría que sacrificar para paulatinamente irle devolviendo a la población lo que en su momento se le tomó. Eso no solo sería justo, sino que también proyectaría seriedad y recuperación de la confianza.

Otra urgencia está en acabar de restablecer las transferencias internacionales de los bancos cubanos. Si al principio no pueden hacerlo para todos los saldos acumulados, deben comenzar a circular con normalidad los fondos a acreditar en nuevas cuentas a abrirse, para los nuevos depósitos. No hay salud sin una buena circulación sanguínea y no hay economía sin una saludable circulación monetaria-financiera a través de los bancos. ¿Cuánto más hay que esperar a que se vean acciones y resultados en este sentido? Desde 2021 el sistema bancario no cumple sus principales funciones, ¿hasta cuándo hay que esperar para que comiencen a funcionar las transferencias hacia el exterior?
Medidas que se contradicen

Por la importancia actual para la economía del país, no se puede demorar ni un minuto más la transformación radical de las normativas para la aprobación de la inversión extranjera. Ahora en la pasada Feria de la Habana se anunció que la nueva ley de inversión extranjera se discutirá en la Asamblea Nacional de finales de 2026. No es un problema de los especialistas que analizan las propuestas. Es una concepción totalmente ineficiente, aprobada desde las más altas instancias, con normas que solo entorpecen los negocios.

Se hacen múltiples revisiones de estudios de factibilidad, cuando lo que hace falta es que el socio extranjero acabe de invertir. Interminables negociaciones a diferentes niveles (con empresas cubanas, con su ministerio, con el MINCEX), con recursos monetarios y tiempo invertidos, para no tener garantizado que el proyecto será aprobado. Así nunca obtendremos los recursos necesarios para revitalizar la economía.

Algo positivo es que se ha anunciado —aunque las normativas no han salido— que el tiempo máximo para decidir un proyecto estará entre 7 y 15 días; si en ese lapso no se da respuesta, se considerará aprobada. Ojalá sea así, es lo que se espera. Porque lo que ha ocurrido hasta el momento es que los organismos encargados de aprobar compiten con el bloqueo de EE.UU., para ver quién aleja más los inversores de Cuba.

Si tanto se elogia por el discurso oficial la Ventanilla Única para la Inversión Extranjera, pues que la usen, no solo para obtener documentación de diferentes fuentes, sino también para todos los trámites por los que obligan a pasar a los potenciales inversionistas (negociación de precontratos de agua, electricidad, materias primas, etc.), sin tener aprobada todavía la inversión. O que la usen para avanzar en una aprobación preliminar, en los aspectos fundamentales, de todos los que deberán aprobar definitivamente el proyecto, y así no hacer perder tanto tiempo y recursos a los interesados.

Sin contar que no me puedo explicar cómo se pueden dar el lujo de rechazar proyectos de inversión extranjera, en la situación en que se encuentra la economía cubana. Los rechazos deben ser contados y por razones muy justificadas, como pudiera ser sospecha creíble de lavado de dinero, pero cualquier capital legal que quiera entrar en Cuba debería tener las puertas abiertas.

De paso, por fin hay que acabar de darse cuenta de los otros aspectos que entorpecen la inversión extranjera, como la expatriación de los dividendos, las aprobaciones de inversiones en el transcurso de la vida de la empresa, el pago de fuerza de trabajo a través de empresas estatales empleadoras que se quedan con el mayor porciento —los salarios no son para engrosar las arcas del gobierno, sino para mejorar el nivel de vida de los trabajadores—, la regulación indirecta de algunos precios —pues aunque los precios de las empresas mixtas son de libre negociación con los compradores, estos deben vender sus productos a través de las cadenas de tiendas o actores privados sujetos a topes.

No se trata de quitarle el máximo a las empresas mixtas existentes. No gana más el país por quedarse con las divisas de los salarios de los trabajadores y por no transferir los dividendos de los socios extranjeros. Gana más cuando se estimula adecuadamente la inversión extranjera —no tanto con rebajas de impuestos sino con garantías de seguridad económica— y al país fluyan más capitales frescos. Esto lleva tiempo expuesto por mí y otros economistas, y todavía no se ha hecho nada, o casi nada para revertir la situación

El tiempo es una variable muy importante. No solo puede dar idea de lentitud en la búsqueda de soluciones, sino también que, al dejarse pasar, después ya puede ser tarde emprender algo que se podía haber hecho en el pasado.

Por ejemplo, refiriéndonos a los problemas del agua en La Habana. Se tenía una empresa mixta, Aguas de La Habana, que al principio intentaba compensar sus costos en divisas, facturando en CUC a determinadas empresas estatales. Esta facultad, de cobrar en CUC a empresas estatales, la fueron perdiendo poco a poco. Pero podía habérsele cedido los beneficios de la otra empresa mixta, Aguas de Varadero, con mayores ingresos en divisas provenientes del turismo, y así asegurar las inversiones en La Habana. Nunca se aprobó. Hoy no hay recursos suficientes para la gestión integral del agua en la capital de la nación, y ahora ya es tarde para tomar la decisión que se pudo tomar en aquel entonces, aunque se quisiese.

Otro punto clave es la electricidad. Si se hubiese invertido en nuevas centrales térmicas, bajo esquema BOOT (donde el inversionista extranjero construye, tiene la propiedad durante cierta cantidad de años, la opera, y al finalizar el término de la concesión, la entrega al Estado), hoy tuviésemos plantas más modernas y con mayor capacidad de generación.

Es cierto que, durante varios años, a ese inversionista el país tendría que pagarle la electricidad en divisas, pero peor es pagar la electricidad por el uso de patanas turcas, que nunca serán de Cuba. Después de la unificación monetaria, y con la situación actual del país, seguramente hoy sería muy difícil encontrar inversionistas dispuestos a erigir plantas eléctricas en el país, aun cuando la propiedad fuese de ellos durante un tiempo.

Debido a la correlación actual de fuerzas políticas y el apoyo desde las más altas esferas, se reconoce que sí existe una decisión pendiente, que sería muy complicada tomar por parte de cualquier gobierno. Se trata de reducir las prerrogativas y alcance de las empresas del GAE. Decisión necesaria, no solo porque esas empresas no responden a la Contraloría y otros organismos estatales; no solo porque facilitan las medidas del bloqueo contra Cuba; no solo porque probablemente ingresen más utilidades que las que necesitan para la defensa; no solo porque probablemente de sus arcas salen recursos hacia el resto de la economía, solo cuando el GAE lo considere oportuno; no solo porque la mayor parte de la utilidad en ventas, se queda en poder de las tiendas, en lugar de en poder de las empresas productoras nacionales; sino, y sobre todo, porque cada vez más se convierten en un Estado dentro del Estado, y porque esas ganancias las pueden destinar a variadas inversiones, a su antojo —como en hoteles, o en un puerto de contenedores en el Mariel, que no son inversiones en la defensa— apenas sin contar con el gobierno, o sin una efectiva fiscalización.

Más allá de este tema, muchas otras decisiones podían haberse tomado hace tiempo. Existen más propuestas de variados economistas del país. ¿Seguirán demorando la toma de decisiones importantes, dejando que nuestra economía continúe depauperándose? ¿Cuántos años lleva la academia cubana alertando sobre la necesidad de tomar decisiones concretas? ¿Hasta cuándo se puede esperar a que se les escuche?

Unido a esto, se observa un alto nivel de incertidumbre en las políticas, dicho en buen cubano, «pa´trás y pa´lante». Esto queda bien manifestado en el reciente «Programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía cubana», en el cual se menciona en el epígrafe 2.12 «aplicar de manera selectiva las operaciones de swap y las modalidades de negocios asociados a inmuebles». Ahora en la Feria, el ministro de Comercio Exterior dijo que sería «de una manera selectiva», en la cual los bienes transferidos son para que los extranjeros los utilicen activamente en la reactivación de la economía, algo que está bien, pero añade que estos se revierten al Estado transcurrido un tiempo, lo cual resta atractivo para los inversores.

Un swap es una operación mediante la cual el Estado intercambia temporalmente determinados activos o derechos (por ejemplo, el uso de inmuebles) con un socio extranjero, a cambio de inversión, financiamiento u otros beneficios para la reactivación económica. No se trata de una venta definitiva, sino de un acuerdo en el que una de las partes cede el uso o explotación del bien por un período y bajo condiciones específicas.

Para más contradicción, al día siguiente habló la viceministra y fue enfática en descartar las operaciones swap como manera de resarcir deudas: «no vamos a aplicar ‘shot’ de deuda. No estaríamos intercambiando activos por deuda». O sea, acaban de publicar el Programa y no pasa mucho tiempo y ahora te dicen que NO habrá swap, o habrá, pero con unas características que limitan su actuar y desestimulan a los inversores.

Sí fue muy positivo el anuncio de que los inversionistas podrán comercializar de manera mayorista con los actores económicos sin restricciones y también «podrán acceder a la compra de combustibles en divisas y se incluye la posibilidad de importación directa de combustible en caso de que fuera necesario».

También el Gobierno cubano anunció que se va empezar a promover «activamente» la participación de «capital extranjero» en el sector bancario nacional. Ideas que fueron desarrolladas en el pasado, pero fracasaron por las presiones existentes tanto del exterior, como internamente. Pero, más que un cambio sustancial, al menos en lo presentado, es más de lo mismo, pues se queda en deseos y proyecciones generales sin cambios sustanciales concretos.

Es más que conocido que quien invirtió o piensa invertir en Cuba se tiene que enfrentar al riesgo de las sanciones norteamericanos. A eso le añadimos que Cuba introduce constantemente cambios que provocan inseguridad en los inversores, o decisiones abiertamente arbitrarias, como por ejemplo, el congelamiento de las transferencias al exterior por tiempo indefinido. Todo ello repercute en que Cuba esté en desventaja con otros países a la hora de atraer inversiones, las inversiones se mueven hacia lugares más seguros y rentables. Eso conlleva a que los cambios que tiene que hacer Cuba tengan que ser más atractivos, seguros y rápidos.

Lo que sucede es que las dificultades para desatar al sector privado y cooperativo y abrirlo a la inversión extranjera son estructurales, producto de una madeja de leyes, regulaciones y prácticas que es necesario cambiar. Entre ellas la categoría de residencia efectiva, que sin estar vigente aún la Ley de Migración, ya se está aplicando parcialmente e impide que la mayoría de los cubanos residentes en el exterior puedan invertir legalmente; están los DL sobre mipymes, CNA y TCP y el Decreto sobre actividades prohibidas, todos de 2024; la propia Ley de Inversión extranjera que excluye al sector privado, y encima la resistencia institucional de organismos como el MINAGRI a la inversión de quienes se fueron en las cooperativas agropecuarias.

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En conclusión, la clave para salir de esta crisis económica cubana —que se me ocurre decir que ya tocó fondo— está en tomar de inmediato medidas aún más audaces hacia la economía interna, especialmente en el sistema monetario y cambiario. A esto debe sumarse la racionalización del sector estatal, empresarial y presupuestado, la eliminación de todas las trabas del sector agrícola, y una verdadera apertura al sector privado y cooperativo, más otro sinnúmero de obstáculos a la producción que deben desaparecer ya.

El año se acerca a su fin, no hay un solo indicador sólido de que el próximo vaya a ser mejor. Con un país quebrado resulta imposible sostener conquistas sociales como la salud y la educación, que hoy muestran evidentes signos de deterioro por falta de financiamiento, al tiempo que se profundiza el empobrecimiento de la población, se prolongan las horas de apagones y fallan cada vez más los servicios públicos básicos.

La gente no puede seguir esperando eternamente para aspirar a una vida digna. Si el temor a cambiar de manera profunda las políticas económicas es entrar en contradicción con el socialismo, conviene reconocer que, si las cosas siguen como van, pronto no habrá ningún socialismo que defender. La disyuntiva es clara: o se toman ya decisiones audaces y coherentes con la realidad, o será la propia realidad la que termine demoliendo lo que aún queda en pie.

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