La economía cubana y las instituciones

Por el Dr.C Juan Triana

Las instituciones —las reglas del juego— y todo lo que se les asocia, son esenciales para que una economía consiga y mantenga una senda de crecimiento y de desarrollo. Mucho se ha escrito al respecto, sin embargo, es habitual que no se entienda la importancia de la calidad de las mismas, su condicionalidad y dependencia de factores objetivos y subjetivos; su alcance real y necesaria transformación y “modernización”; su relación de subordinación y a la vez de independencia de quienes las crean; su impacto ampliado en la realidad; la necesidad de cuidar su coherencia y funcionalidad con los propósitos que se definen y su carácter decisivo en la certidumbre o incertidumbre sobre el futuro mediato e inmediato. 

Las instituciones son quizá lo más humano de todo lo que el homo sapiens ha creado; algo esencial y único que nos distingue del resto de las manadas de las otras especies animales.

Las instituciones terminan generando sus propios sistemas de defensa, sus propios guardias de seguridad, imponiendo sus propias fronteras, su propio “líquido amniótico”, del que se alimentan y donde crecen sus alimentadores.

Las instituciones, al menos para la economía, no son las estructuras organizativas que los seres humanos crean en los diferentes territorios/países que habitan; sino las normas, indicaciones, tradiciones, creencias, etc. que esas estructuras recrean constantemente con el buen propósito de intermediar entre los miembros de la sociedad y ayudarlos a convivir con relativa —y casi siempre endeble— armonía.

Tener buenas instituciones no es tener buenos edificios con muchos homo sapiens disciplinados y obedientes, equipados con modernos instrumentos tecnológicos, dispuestos a defender con uñas y dientes a su “madre nutricia” y a obligarla a producir decenas y cientos de normas para perpetuarse indefinidamente y salvaguardar sus intereses, puestos de trabajo y privilegios.

Nuestro país, como todos, lleva toda su existencia creando, luchando y padeciendo por sus instituciones. Aunque no tengo cómo probarlo, después más de cuarenta y cinco años observando pacientemente nuestra economía y participando de vez en vez en algunos de sus procesos, tengo la intuición de que mientras menos “reglas de juego” existan, serán más funcionales al propósito de crecer y desarrollarnos y los costos del proceso —en especial los de oportunidad y de transacción— serán menores. 

Pero seguro estoy equivocado y sobre todo mal influenciado por esta experiencia de vida donde he visto a cada estructura organizativa tirar para su lado; tanto, que a veces me ha inducido a dudar de la existencia de un sistema centralizado y coordinado.

Algunos ejemplos de nuestra realidad que podrían ilustrar esa influencia negativa de instituciones poco funcionales a sus propósitos son:

1. Las continuas marchas y contramarchas del mismo proceso de reformas.
2. La demora en adoptar decisiones que la economía ha demandado continuamente como, por ejemplo, la eliminación de la lista positiva y la adopción de la lista negativa de actividades permitidas para el trabajo privado. Costó más de veinte años que se lograra.
3. La demora en la creación de las mipymes, diez años después de los Lineamientos y casi treinta desde el inicio de la reforma a inicios de los 90.
4. La prevalencia de las orientaciones de los cuadros, por encima de lo que dictan las normas legales.
5. La eliminación para las mipymes de la exención impositiva en el primer año de vida y la limitación del objeto social; esta última en franca contradicción con lo que la norma estipula.
6. La creación de una nueva moneda, MLC, mientras se declaraba el propósito de la unificación cambiaria y monetaria.
7. La demora en acometer la reforma monetaria y cambiaria.
8. La sobrevivencia de reglas de juego concebidas décadas atrás cuando el país vivía otra realidad y que trabaron y aún traban los propósitos de crecimiento económico.
9. La resistencia a introducir y expandir el uso de sistemas de apoyo a las personas y abandonar el subsidio generalizado a productos.
10. La resistencia a flexibilizar la ley de inversión extranjera y sus reglamentos y la demora en adoptar un reglamento para acometer ese proceso en las mipymes, cuando nuestra capacidad de generar ahorro interno es exigua.
11. La demora en adoptar soluciones para “negociar la deuda externa” cuando Cuba hoy está reconocido como uno de los países de más alto riesgo y la economía está técnicamente en default.
12. La insistencia en mantener un sistema impositivo esencialmente recaudatorio.
13. La resistencia a conceder autonomía real a las empresas estatales.
14. La renuencia a reducir los “medios de producción fundamentales” a aquellos que son estratégicos para el desarrollo, la seguridad nacional y el cuidado del medio ambiente.
15. La prevalencia de lo sectorial por encima de lo territorial.
16. La persistencia en mantener el control administrativo y monopólico sobre los procesos de importación y exportación cuando la realidad ha demostrado que las estructuras que de ellos se ocupan están desbordadas.
17. El aferramiento ministerial a la tradición de “mandar en las empresas” junto a la cultura “de pedir permiso” de las propias empresas.
18. La desprotección legal del empresario estatal.

La lista podría ser mucho mayor e incluso mucho más específica. También abarca diferentes períodos de nuestra reciente historia económica. De hecho, esa debilidad institucional explica en buena medida las razones por las que estamos donde estamos y como estamos. Y de por qué subsisten todavía hoy problemas, trabas, obstáculos que debían haber desaparecido hace ya mucho tiempo.

A finales de los años 70 se aprobó la primera norma que permitió la existencia de trabajadores por cuenta propia y regulaba de forma positiva cuáles actividades económicas podrían ser ejercidas; apenas unas decenas bajo estricto control, no solo económico sino también político. 

Diez años antes había sido eliminado todo vestigio de negocios no estatales —incluidos los limpiabotas—, convirtiendo a los sobrevivientes en estatales y generándole al Estado uno de los mayores dolores de cabeza, que aún no ha podido ser curado del todo. 

Durante esos diez años y a pesar de las relaciones con la URSS, el déficit de oferta de bienes y servicios creció, hasta convertirse en un fenómeno estructural con impactos negativos en la calidad de la vida de la población. Generó además incentivos negativos a la productividad y, a la vez, lastró la capacidad del Estado para atender adecuadamente estas nuevas actividades, las cuales demandaban recursos que el propio Estado no estaba en condiciones de ofrecer en cantidad y calidad adecuadas. 

Esas “reglas del juego” obligaron al Estado a sostener esas actividades, usando recursos “extraídos” de otros sectores “proveedores” en virtud del “bien mayor”. ¡Porque si es del Estado, entonces el Estado está en la obligación de atenderlo y sostenerlo! 

Hoy, la llamada “gastronomía popular”, que a veces tiene muy poco de gastronomía y menos aún de popular, es un vivo ejemplo de ello; al igual que el comercio estatal que hoy resulta ser el que tiene más empresas estatales, con el 19 % del total.

Fuente: Datos aportados por Johana Odriozola en la Mesa Redonda.

Esta “regla de juego” se ha aplicado consistentemente a lo largo de décadas, provocando desincentivos crecientes en las empresas “proveedoras”. 

Responde entre otras razones a la omnipresencia del Estado en toda la actividad económica y a la resistencia a concentrar lo estatal en lo estratégico. Hoy reciben subvenciones del presupuesto del Estado 389 empresas: el 16 % del total. 

Seguro que una parte de esas empresas (quizá la mayor parte) son empresas que producen o participan en la producción de bienes y servicios de primera necesidad; pero, ¿por qué no cambiar las reglas de juego y en vez de subvencionar productos/empresas se subvenciona a los consumidores que realmente lo necesiten?

El 80% de la utilidad antes de impuestos se genera en 56 entidades. Sólo exporta el 16 % de las entidades (321); en 12 empresas se concentra el 80 % de las exportaciones. Obtienen pérdidas 278 empresas. 389 empresas reciben subvenciones del Presupuesto del Estado. En 309 entidades la rentabilidad sobre ventas netas es inferior a 2 centavos. El salario medio asciende a 4 mil 859 pesos. Aplican la nueva organización del sistema salarial 626 empresas. Fuente: Datos aportados por Johana Odriozola en la Mesa Redonda.

Al cierre de abril existían en Cuba 2 417 empresas estatales, según lo explicado por la viceministra de Economía, Johanna Odriozola, en una reciente Mesa Redonda en la televisión cubana. El 80 % de las utilidades antes de impuestos lo generan 56 empresas, esto es ¡el 2,3 % del total de empresas estatales! 

Exportan 321 empresas (16 %) pero el 80 % de las exportaciones se concentra en 12 empresas. O sea, en el 0,4 % del total y de ellas varias son empresas mixtas. 

¿Son “estratégicas” las 2 417 empresas estatales? ¿Deben ser consideradas medios de producción fundamentales todas ellas?

Si suman las empresas que tienen pérdidas (278) las que obtienen una rentabilidad de apenas 2 centavos por cada peso invertido (309) y las que reciben subvenciones (389) la cifra es de 976 empresas estatales —el 40 % del total padecen un estado precario. ¿Cuántas de ellas son realmente estratégicas? ¿Deben ser todas medios de producción fundamentales?

Nuestro modelo de economía se ha caracterizado por generar una dualidad de instituciones. De una parte, aquellas que garantizan el acceso sin costo a la educación, a la salud; lo que ha creado bases sólidas para la formación de habilidades, y fomentando una especie de ventaja competitiva en la calidad de su fuerza de trabajo, algo que explica, al menos en parte, el “éxito” de la emigración cubana. 

Pero a la vez ha generado otras instituciones que no promueven la existencia de mercados competitivos ni generan los incentivos necesarios para el cambio tecnológico y la innovación, instituciones que crean barreras a la entrada y limitan o eliminan la competencia entre los participantes; que extraen una parte decisiva de la riqueza que las empresas estatales generan —llegó a ser hasta el 70 % de la utilidad y actualmente es el 60 % como aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la cual proviene de esas mismas empresas.

Instituciones —reglas del juego— que impiden la destrucción creativa y ralentizan la creación de nuevas empresas; que no alcanzan a crear suficiente confianza para que los potenciales inversionistas  —nacionales, extranjeros, estatales, privados— arriesguen sus recursos en busca de ganancias futuras; que reducen los incentivos y elevan los costos de transacción, interponiendo procedimientos burocráticos y prejuicios políticos que frenan la productividad y entorpecen la producción de riqueza. Sin riquezas la idea de la prosperidad no pasa de ser una aspiración sin respaldo real. 

Esas instituciones funcionan como una bomba de succión que alimenta el círculo vicioso de la pobreza.

Ellas forman el exoesqueleto de nuestro sistema productivo y también social; y, como el exoesqueleto de los artrópodos, en un momento determinado de su evolución constriñen su crecimiento y atrofian su agilidad, porque no crece a la par del individuo que lo usa. La solución que les queda a esas especies es deshacerse de ese exoesqueleto y crear otro nuevo; es la única manera que tienen de crecer y cumplir su ciclo vital. 

Para desarrollarnos y ser prósperos, tenemos que mudar lo que ya no nos sirve.

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Fuente: https://oncubanews.com/opinion/columnas/contrapesos/la-economia-cubana-y-las-instituciones/