Son niños, no números

Rosa Miriam Elizalde 

En 2003, antes de que Estados Unidos desatara la guerra en Irak, una webcam mantuvo durante horas un encuadre fijo de Bagdad. El rótulo de la página era más importante que la tecnología: “No son números”. Allí no había mapas militares ni partes de guerra, sino una calle, autos, peatones, gente que todavía iba y venía por una ciudad a punto de ser bombardeada. La cámara no detuvo la invasión. Sin embargo, hizo algo indispensable. Puso rostro a quienes pronto serían reducidos a estadísticas.  

Veintitrés años después conviene encender otra cámara, esta vez sobre Cuba. No para negar sus errores internos, su infraestructura eléctrica envejecida o los daños acumulados por los huracanes. Sería poco serio atribuir cada apagón a Washington. Pero sería igualmente deshonesto ocultar que Estados Unidos convirtió el combustible que llega a la isla en objetivo explícito de presión sobre terceros países. 

La Casa Blanca ya no pretende solamente decidir con quién pueden comerciar los estadunidenses. La Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1º de mayo, faculta a Washington para sancionar a personas y entidades extranjeras por determinadas relaciones con Cuba, particularmente en el sector energético, aunque esas actividades sean lícitas en el país donde se realizan. 

Dicho con claridad, el gobierno de Estados Unidos va un paso más allá de la tradicional aplicación extraterritorial del bloqueo y se arroga ahora el derecho de pasar por encima de las jurisdicciones nacionales y convertir en sancionable desde Washington lo que puede ser perfectamente legal en Roma, Madrid, Ciudad de México o cualquier otra capital. 

La ley estadunidense se convierte así en un instrumento de coerción universal y el dólar, en una jurisdicción de facto. Si se aceptan estas premisas, tiene sentido que Trump logre rebautizar a la Tierra como “Planeta América”, que además suena a cómic de la agencia Marvel. 

¿En qué se traduce una arquitectura de sanciones cuando baja de los decretos a la casa de cada cubano? En comida que se echa a perder durante apagones prolongados. En padres que abanican a un bebé para que pueda dormir. En un niño que hace la tarea con la luz de una vela. En contenedores con medicinas que no llegan. En bombas de agua que dejan de funcionar y obligan a cargar cubos escaleras arriba. 

Los datos reunidos esta semana por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, describen meses con apenas dos o tres horas de electricidad al día en numerosos lugares y daños en cadena sobre la salud, la alimentación y el transporte. Naciones Unidas informó el 1º de mayo que más de 96 mil operaciones habían sido pospuestas por los cortes eléctricos; unas 11 mil correspondían a niños. Un mes después hablaba ya de más de 100 mil cirugías aplazadas. También advirtió que la falta de combustible golpeaba las diálisis, las incubadoras, el agua y la distribución de alimentos. No es una metáfora. Cuando falta la energía en el hospital pediátrico de Santiago de Cuba, una máquina puede dejar de suministrar oxígeno y convertirse en la sentencia de muerte de un bebé. 

El informe cubano presentado por el canciller, que se discutirá en octubre próximo en la ONU, tiene, además, nombres concretos. Diego, diagnosticado de cáncer a los 15 años, debe desplazarse con su madre, Licet Rodríguez, entre Villa Clara y La Habana para recibir tratamiento. La pregunta de ella –“¿qué ocurre si el hospital se detiene?”– contiene toda la discusión moral. No estamos hablando de “presión máxima” como una abstracción diplomática, sino del momento exacto en que el equipo de radioterapia necesita estar conectado para que el hijo de Licet no se diluya en una cifra ni su vida termine confundida con el ruido de fondo del “Planeta América”. 

Aunque ayer, en Colombia, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que “trágicamente, el pueblo cubano está sufriendo”, él repite una y otra vez que las sanciones buscan presionar al gobierno cubano, no a la población. Sus pretextos evitan la expresión “daño colateral”, pero ésta sobrevuela, como en Gaza o en Irak, para desviar la responsabilidad hacia la víctima y hacer que “lo abominable nos parezca benigno”, como decía Howard Zinn. 

Por eso el debate no puede reducirse a estar a favor o en contra del gobierno cubano. El dilema ético es anterior: ¿puede considerarse legítima una política que pretende modificar la conducta de un Estado mediante medidas cuyo efecto previsible es aumentar la vulnerabilidad material de toda una sociedad? Y hay otra pregunta que desborda la relación entre Cuba y Estados Unidos: ¿con qué legitimidad puede Washington sancionar a ciudadanos, empresas, bancos o instituciones de terceros países por realizar actividades que son legales bajo sus propias leyes y que no tienen lugar en territorio estadunidense? 

La webcam de Bagdad no salvó a Irak de la guerra ni evitó los horrores de Abu Ghraib, pero dejó una advertencia que sigue ignorándose. Cuando se habla de castigos que pueden traducirse en barriles, megavatios o contenedores que no llegan, miremos quién camina por las calles: el hijo de Licet, la abuela de alguien, una madre, un padre, los niños de una escuela. No son números.

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