Cristina Monge
Si pasea estos días por París podrá ver el Sena convertido en un aliviadero improvisado de los calores que asolan la ciudad y las ventanas cubiertas con mantas térmicas para intentar detener el calor. Si lo hace por Leipzig, observará que el tranvía ha sido paralizado porque las altas temperaturas han derretido las juntas de las vías por las que circula. Si opta por visitar Londres comprobará que en Inglaterra y Gales se han cerrado escuelas, tiendas y centros comunitarios y se han suspendido trenes por la alerta meteorológica, la más grave de las lanzadas hasta la fecha.
La ciencia lleva tiempo advirtiendo no sólo de estos episodios de olas de calor más intensas y frecuentes debido al cambio climático, sino de la vulnerabilidad de Europa, que es, después del Ártico, el continente que más rápido se está calentando del mundo según el informe European State of the Climate 2025. La temperatura media europea aumenta aproximadamente 0,56ºC por década desde mediados de los años noventa, un ritmo cercano al doble de la media global.
Las evidencias se acumulan y ya se habla ―a la hora de escribir estas líneas― de más de 900 muertes en España en junio debido a las altas temperaturas y 2.000 en Francia sólo durante la ola de calor. No obstante, estas cifras son provisionales. En la ola de calor de 2003 en Francia se cifró inicialmente los muertos por altas temperaturas en 5.000 y finalmente se reportaron 14.700. En España en junio y agosto se calcularon 2.000, y meses después se supo que entre los dos meses fueron más de 13.000, 6.600 en quince días de aquel agosto. A quien estas cifras no le supongan pavor, quizá esta otra sí: los riesgos climáticos —inundaciones, sequías, incendios, olas de calor o enfermedades relacionadas con el calentamiento global— suponen, según las estimaciones más conservadoras que hace la Comisión Europea, una caída del 7% del PIB de la UE de aquí a finales de siglo.
Los últimos tiempos la UE ha sido vanguardia mundial en el avance de las políticas ambientales, pero esto está cambiando. La entrada de la ultraderecha en el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros, y la asunción por parte de la derecha no ultra de buena parte de su ideario están generando una situación paradójica: mientras las temperaturas baten récords y los efectos del cambio climático se dejan sentir por todo el continente, lentamente, de forma casi silenciosa, el Pacto Verde Europeo está siendo desmontado con palabras como “simplificación”, “reducción de cargas” o “desburocratización”, que en realidad significan retroceso y liquidación. La mayoría conservadora, cada vez más cerca de la ultraderecha en este y otros temas, está liquidando por la vía de los hechos el que fue, en palabras de Von der Leyen en aquel momento, “el modelo de desarrollo de la Unión Europea”, la hoja de ruta para liderar el cambio hacia una economía sostenible.
Valgan unos ejemplos: dos de los principales elementos de la estrategia verde, la Directiva sobre información corporativa en sostenibilidad (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida empresarial en sostenibilidad (CSDDD), que recogían obligaciones empresariales de implementar y reportar estrategias ambientales, están siendo recortadas, drásticamente estrechadas, hasta dejar fuera de estas obligaciones prácticamente el 80% de las empresas en el caso de la primera directiva y el 70% de la segunda. Podrá pensarse que es en aras de la simplificación y podría ser una buena medida si, a la par, se reforzara la inspección, pero el sentido parece ser otro cuando se observa que, además, desaparece la obligación de adoptar planes climáticos de transición, se debilita el régimen de responsabilidad civil y se reducen obligaciones sobre cadenas de valor y proveedores. Por si fuera poco, la aplicación de la directiva se retrasa hasta julio de 2029.
Otro ejemplo lo encontramos en el Reglamento europeo contra la deforestación aprobado en 2023, una de las normas más emblemáticas del Pacto Verde Europeo en materia de biodiversidad y cadenas de suministro sostenibles. Su objetivo es garantizar que productos comercializados en la UE como soja, ganado bovino, cacao, café, aceite de palma, caucho o madera, se produzcan de forma que no contribuyan a la deforestación ni a la degradación forestal. Sin embargo, desde su aprobación, el Reglamento ha sufrido sucesivos aplazamientos y simplificaciones. Es este un caso paradigmático de cómo se está llevando a cabo este proceso de desmontaje del Pacto Verde Europeo. Se empieza por retrasar la aplicación, después se introducen revisiones bajo el mantra de la “simplificación” y finalmente se reduce progresivamente el alcance práctico mediante actos delegados, excepciones y flexibilizaciones técnicas.
Como estos, existen muchos más ejemplos, pero quizá el más simbólico sea el del sector de la automoción. Mientras la industria europea del automóvil, y en especial la alemana, atraviesa una profunda crisis fruto de no haber entendido hace décadas que el futuro de la movilidad pasaba por la electrificación, la Unión Europea ralentiza la transición dejando todavía más espacio para que automóviles chinos, tanto híbridos como eléctricos, se hagan no sólo con las carreteras europeas, sino con el liderazgo del sector. En lugar de acelerar la transición en ese sentido, la UE opta por ralentizarla con medidas como la prohibición de fabricación de motores de combustión después de 2035.
Dique de contención
En todos estos casos, y otros similares, lo que se mantiene de las políticas ambientales es el fruto de la negociación de los grupos progresistas, verdes o de la sociedad civil, que hoy son el dique de contención para que las estrategias de transición ecológica no desaparezcan del conjunto de la UE. Con este objetivo se empiezan a articular algunas redes. Con todo, el sentido de la ofensiva es evidente. Hoy son más letales para el clima los llamados “retardistas”, es decir, los que sin caer en discursos negacionistas están retardando los cambios necesarios, que los que niegan las evidencias de una crisis ambiental que hace mucho que dejó de ser una cuestión de futuro para pasar a protagonizar el presente.
Criticar estos desmontajes del Pacto Verde Europeo no supone obviar que en cada una de las transformaciones existen dificultades, contradicciones y muchos obstáculos a superar. En efecto, una transición de esta naturaleza y complejidad tiene muchas aristas. Ante esto, se pueden tomar dos caminos: afrontar los retos y darles respuesta apoyando a los distintos sectores productivos en la transición, o esconder la cabeza bajo la tierra y retrasar, o directamente renunciar a los cambios necesarios. El primero de los caminos puede llevar a poner en marcha una transición justa que ayude a paliar las desigualdades. El segundo, por contra, puede incrementar esas desigualdades y erosionar ―aún más― nuestra convivencia y la propia democracia. Sabemos que el cambio climático es un multiplicador, un acelerador de desigualdades previas. Si la democracia no le planta cara, está renunciando a su gran promesa, la equidad.
El momento retardista pasará, como han pasado otros, y llegarán otras etapas fruto del devenir político de los Estados miembros, de la UE y del mundo en su conjunto. Sin embargo, con cada freno que activa la Unión pierde el liderazgo que en su día tuvo en esta transición. Trump está siguiendo el mismo camino renunciando a las ventajas que le dio la Inflation Reduction Act. Por contra, China ha sabido leer la situación y lo está aprovechando poniéndose en cabeza del mercado de la automoción eléctrica o las inversiones en energías renovables, entre otros factores.
Mientras esto ocurre, las medidas de adaptación, esas que deberían permitir que nos defendamos de los cambios que ya están aquí, siguen siendo claramente insuficientes y aparecen más como reacción ante catástrofes y tragedias que como una adecuada política de adaptación y preparación. En definitiva, la Unión Europea parece estar cegada y, pese a los récords de temperatura, no es por el sol.
https://elpais.com/opinion/2026-07-08/la-ue-cegada-y-no-por-el-sol.html
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