Sobre el sistema electoral cubano

                                             por Guillermo Rodríguez Rivera

Hablamos en Cuba, desde hace ya unos años, de la necesidad de actualizar nuestro modelo económico que, como dijo Fidel en los albores de ese proceso renovador, “ya no nos sirve ni a nosotros mismos”.  Pero es claro para quienes somos o queremos ser marxistas, que las modificaciones en las estructuras económicas deben traer sus replicas en la esfera de la superestructura ideológica, donde claro que se incluye prioritariamente la política.

Muchos que, sistemáticamente se han opuesto al acercamiento del gobierno de los Estados Unidos a la Cuba revolucionaria, que ahora apenas comienza a producirse, procuran torpedear ese proceso casi en germen, con la idea de que Cuba debe corresponder al gobierno estadounidense con los cambios que ellos ansían que el gobierno cubano efectúe y que, en verdad, tienen que ver con la vida interna de nuestra nación y no con las relaciones bilaterales. Con absoluta claridad, el gobierno de Cuba ha señalado que nuestro país no ha decretado medida alguna para aislarse de los Estados Unidos, ni para entorpecer las relaciones con ese país.

Fue la Reforma Agraria que la Revolución aprobó en 1959 con el legítimo interés de proteger nuestros recursos naturales, hacer justicia a nuestros campesinos y liquidar las supervivencias coloniales que teníamos, lo que motivó el enfrentamiento de todos los gobiernos norteamericanos a la Revolución Cubana, desde el presidido por el general Dwight D. Eisenhower, que no quisieron aceptar las compensaciones que Cuba ofrecía a los propietarios estadounidenses. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba y, ya antes de hacerlo, estaba preparando y armando la invasión que irrumpió en las costas cubanas en abril de 1961, con el apoyo del presidente Kennedy, quien luego decretara el bloqueo económico, comercial y financiero que dura hasta hoy mismo.

Las modificaciones que aquí propongo para nuestro sistema electoral no son una respuesta al moderado proceso de acercamiento y diálogo con Cuba emprendido por el presidente  Barack Obama y, hasta ahora, no aceptado por el congreso mayoritariamente republicano de los Estados Unidos, sino una necesidad que creo que emana del proceso de actualización de nuestro modelo socialista, y que emprendimos bastante antes del 17 de diciembre de 2014, cuando las declaraciones de Raúl Castro y Obama abren ese proceso de acercamiento que  apenas estamos comenzando y que debe conducir a la normalización de relaciones entre ambas naciones.

Hoy, en verdad, los cubanos no estamos eligiendo a los 612 diputados que integran nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. La lista de candidatos, que nos presenta la Comisión de Candidatura, coincide con el número de diputados que debemos elegir. Claro que nunca han presentado uno tan malo e impopular como para más del 50% de los electores deje de votarlo, que es el requisito para no ser electo. Nunca ha dejado de ser electo uno de los propuestos. Por ello, hay que decir que es la Comisión de Candidatura la que realmente está eligiendo a nuestros diputados: los electores no hacemos otra cosa que ratificarlos.

La Comisión de Candidatura designa ahora, entre esos candidatos, un 50% que provienen del poder ejecutivo y/o del político que, previamente, no han sido electos a ningún nivel. Creo que estos diputados “designados” deben desaparecer. Los diputados deben dedicar sesiones parlamentarias a dialogar con dirigentes estatales si precisan discutir asuntos cruciales para el trabajo. Se trata de no cortar una necesaria comunicación entre los dos poderes.

A mi modo de ver, 612 diputados es una cantidad enorme para una asamblea nacional de cualquier país. El congreso estadounidense, por ejemplo, solo tiene 535 miembros –100 senadores y 435 representantes– para actuar en nombre de 50 estados y más de 300 millones de habitantes. Habría que reducir drásticamente el número de diputados: que fueran 7 por cada una de las quince provincias y 3 por el Municipio Especial de Isla de la Juventud: serían 108 en total:  deben sesionar permanentemente y  ganar un salario por ese trabajo. Lo que se ahorrará con no  movilizar 1224 diputados –se movilizan 612, dos veces al año–, alojarlos y alimentarlos en La Habana, permitiría pagar esos sueldos.

El rechazo a la vieja politiquería, ha motivado que los electores estén muy desinformados con respecto a los diputados que eligen. No basta con la biografía de cada uno de ellos. Esas biografías pueden mostrar a una persona irreprochable pero yo, como elector, necesito saber también y principalmente, cuales proyectos quiere llevar adelante ese candidato, si es electo diputado. Como las elecciones son provinciales, los telecentros de cada provincia y de la Isla de la Juventud, deben presentar a los candidatos que serán el doble de los que deben elegirse. Es decir, 14 en cada provincia y 6 en la Isla de la Juventud. Un mes antes de las elecciones, los candidatos a diputados comparecerán ante las cámaras de los telecentros para informar de sus proyectos a sus electores.

De los 14 candidatos por provincia y los 6  de la Isla, el 50 % provendrán de la masa de diputados provinciales previamente electos y el otro 50% serán personalidades ajenas a las asambleas provinciales pero propuestas y aprobadas por ellas como candidatos. Solo cinco serán electos, además de 1 suplente, que será el que más cerca de ser electo haya estado en la votación.

La Asamblea Nacional tiene que ser especialmente sensible en su chequeo a los poderes que manejan recursos y dinero: en su última reunión, la Asamblea no discutió un proyecto de ley que ordenaba la declaración de los bienes de un funcionario, antes de que pase a ocupar un cargo de importancia a nivel ejecutivo o administrativo. Una ley de ese tipo debería existir y puede ser un importante primer obstáculo a la corrupción.

Me parece lamentable que no se conozcan proyectos de ley propuestos por los diputados: deben existir, porque ese será su trabajo y deben ser convenientemente dados a conocer. Ahora que, en una decisión acertada, la Asamblea sesionará en el Capitolio Nacional, accesible por su ubicación, debe habilitarse el espacio para que, habitualmente, el pueblo tenga acceso a esas sesiones.

Estoy seguro de que la adopción de estas medidas contribuirá a aumentar la democracia y la transparencia de nuestro modelo electoral y por ello, de nuestro renovado modelo socialista.